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El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado este jueves que el Govern impulsará una nueva ley destinada a simplificar los trámites urbanísticos y ambientales. La iniciativa forma parte del paquete de reformas administrativas que el Ejecutivo catalán ha desplegado desde el inicio del mandato para modernizar y agilizar la administración.

Dalmau ha explicado en la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament que el próximo martes el Consell Executiu aprobará la memoria preliminar del anteproyecto de ley. El conseller ha defendido que el objetivo no es “desregular”, sino hacer que la regulación existente sea “más eficiente”, especialmente en ámbitos como la actividad industrial, la construcción de vivienda o el emprendimiento.

La memoria preliminar se ha elaborado junto con los departamentos de Territori i d'Empresa i Treball, y ha contado con aportaciones de entidades como Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el Fòrum per a la Reforma de l'Administració, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) o la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

El texto plantea una transformación amplia de los trámites urbanísticos y ambientales y se articula en cuatro grandes líneas de actuación. La primera es la eliminación de trámites y cargas considerados innecesarios, previa identificación de procesos redundantes. La segunda, la agilización de las tramitaciones mediante la priorización de procedimientos electrónicos para reducir los plazos.

El Govern también estudia la posibilidad de definir un régimen específico sobre los efectos jurídicos y las responsabilidades de los informes técnicos o certificados aportados por las partes interesadas. Finalmente, la ley pretende adaptar los trámites urbanísticos al tamaño de cada municipio, de modo que las localidades más pequeñas dispongan de una regulación “más flexible y proporcionada” a su realidad.

Dalmau ha defendido que estos cambios deben facilitar la creación de nuevas empresas, la obtención de licencias y los permisos necesarios para movimientos de tierra vinculados a proyectos constructivos. También ha asegurado que el Govern está dispuesto a negociar la futura norma con los grupos parlamentarios “sin apriorismos”.