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La autonomía estratégica europea depende, en gran medida, de la capacidad de mantener una industria competitiva y fuerte, y especialmente de la química, que constituye el eslabón esencial de la cadena de valor de la práctica totalidad de las actividades productivas. En España, aunque el sector químico en conjunto continúa creciendo por el empuje de la farmaquímica y la química de consumo -un muy notable 16,5% desde 2020-, la química básica, que representa un tercio del total de la producción, acumula en el mismo periodo una caída cercana al 9%.

La contracción de la actividad productiva de la química básica se está produciendo en toda la UE. Alemania, Francia e Italia -que son nuestros principales competidores- ya han perdido en torno al 20% de su producción, y están sufriendo graves procesos de desinversión que también se replican en importantes polos petroquímicos de Bélgica y Países Bajos. La razón principal de esta situación es el desproporcionado incremento de los costes energéticos respecto a los previos a la pandemia.

Hoy pagamos la electricidad un 50% más cara que entonces, el gas natural ha duplicado su precio y los derechos de CO2 han triplicado su valor en un mercado absolutamente abierto a la especulación. Y si los procesos de desinversión no están afectando en igual medida a España, es por la aparente capacidad de que a medio plazo podamos generar precios mas competitivos en el mercado eléctrico.

A ello hay que sumar la ingente carga regulatoria y burocrática a la que está sometida la industria Europea. El informe de la Comisión Europea sobre el coste regulatorio para el sector químico ya estimaba que generaba una pérdida del 10% de su valor añadido en 2014 -tan solo era del 4% en 2004-, y la actualización realizada recientemente eleva este impacto hasta el 13% en 2023.

Y por último, una tercera causa relevante, han sido las prácticas comerciales de terceros países que, ya sea vía dumping o subvenciones, han ido desplazando a las producciones europeas de los mercados, ante la ingenuidad de unas autoridades comunitarias que, justo es reconocerlo, parecen ya dispuestas a activar mecanismos de defensa comercial más agresivos y ágiles.

El riesgo real de esta situación no está solo en perder capacidad de generar la riqueza y el empleo de calidad, sino en debilitar el pilar esencial de la autonomía estratégica. Sin una química básica sólida, Europa sería dependiente de terceros países en ámbitos tan críticos como el sanitario, el energético, el alimentario o la defensa, así como en la capacidad de suministrar los insumos necesarios a la totalidad de las actividades productivas.

El primer paso para revertir este escenario, más allá del propio esfuerzo del sector, lo ha dado la Comisión Europea. A su certero análisis de la situación industrial, plasmado en el Clean Industrial Deal, le ha sucedido un plan específico para la industria química, el Chemicals Industry Action Plan, que en julio dio a conocer su diseño y el calendario de aplicación. Algunas de las cuestiones que aborda han visto o verán la luz antes del cierre del ejercicio (por ejemplo, la química básica en su práctica totalidad va a recibir compensaciones por los costes indirectos de CO2), aunque el grueso de las medidas previstas se aplicará a lo largo de 2026.

Uno de los elementos fundamentales del plan es la defensa explícita de los sites y producciones críticas para la autonomía estratégica. En un proceso que acaba de iniciarse con la constitución de la Alianza de Productos Químicos Críticos, se van a definir las moléculas y plantas químicas esenciales para dotarlas de mecanismos que mejoren su competitividad, desde incentivos directos para afrontar proyectos estratégicos o los procesos de descarbonización, hasta la activación de medidas de defensa comercial.

El impacto deberá ser particularmente positivo y significativo en Tarragona, un polo sumamente integrado que acumula gran parte de las producciones críticas para garantizar la autonomía estratégica del sur de Europa.

El éxito en la misión de revitalizar la química básica -en realidad de la industria básica en su conjunto-, también debe integrarse en las prioridades de nuestro gobierno, especialmente actuando en aquellas áreas donde ostenta las competencias. Más allá del apoyo que el ejecutivo ha dado a la propuesta de elaborar mecanismos de protección a sites y moléculas críticas, dos son los principales objetivos que debemos atender: alcanzar un precio eléctrico final competitivo, y constituir un Fondo para el impulso y la descarbonización industrial.

El primero debe basarse en la reducción de impuestos, peajes y cargas -sin olvidarse de los servicios de ajuste- que afectan al sector industrial, con el objetivo de situar el precio final por debajo de los 40€/MWh, valor que mejoraría nuestra posición competitiva no solo a escala europea, sino también global. 

Y respecto al Fondo, no podemos depender exclusivamente de las plataformas de financiación europeas para impulsar los proyectos industriales. Necesitamos nuestra propia autonomía en el diseño y ejecución de programas de apoyo a los sectores productivos, tanto con mecanismos similares a los actuales PERTEs como con el desarrollo de los Contratos por Diferencias de Carbono que en la actualidad ya está analizando el Ministerio de Industria.

La química española, que ya es el primer exportador de la economía española y el primer inversor en I+D+i, que genera el 4% del PIB y más de 1 millón de empleos, puede y debe ser uno de los motores del crecimiento sostenido de nuestro país. Pero para ello, es necesario acometer las medidas precisas para recuperar la potencia de su área más estratégica, la química básica.