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Los distintos gobiernos españoles han retrasado desde hace más de una década la imprescindible reforma del sistema de financiación autonómica. La parálisis de este proceso ha generado un desequilibrio estructural que afecta de manera directa al funcionamiento ordinario de las comunidades. Con gastos crecientes en ámbitos esenciales —sanidad, educación, servicios sociales— y unos recursos que no evolucionan en consonancia, los gobiernos autonómicos se encuentran atrapados en un marco que no responde a las necesidades actuales. Este bloqueo, además, ha situado la financiación autonómica en el centro de la negociación política estatal. En Catalunya, la cuestión es capital: ERC la vinculó explícitamente a su apoyo a la investidura del president Illa ha insistido la pasada semana en que su prioridad es lograr un buen acuerdo, no un acuerdo rápido. La advertencia no es menor, porque las negociaciones entre el Gobierno central y las formaciones catalanas avanzan con lentitud y todavía están lejos de un pacto cerrado. La ministra María Jesús Montero ha anunciado que el Gobierno presentará entre enero y febrero un modelo de reforma de la financiación autonómica capaz de combinar multilateralidad y bilateralidad. El objetivo es diferenciar la financiación de las competencias comunes a todas las autonomías de la financiación de competencias específicas de algunas, como la seguridad o las prisiones en Catalunya. La Generalitat acogió positivamente este planteamiento híbrido, pero no las comunidades gobernadas por el PP. Como sea, la infrafinanciación debe abordarse ya uy bien. Las diferencias entre territorios se han convertido en una fuente de desigualdad. La brecha entre el territorio con menor financiación por habitante y el mejor situado ronda los mil euros. La reforma de la financiación autonómica no es, pues, una reivindicación abstracta ni un pulso entre gobiernos o partidos. Se trata de garantizar los recursos que permiten ofrecer servicios públicos adecuados y no comprometer la calidad de la sanidad, la educación, la atención social o las infraestructuras. Su deterioro repercute directamente en la vida cotidiana y en las oportunidades de millones de personas. Es una brecha que lleva demasiados años abierta.