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La batalla contra la economía sumergida es uno de los frentes abiertos para la Inspección de Trabajo en Tarragona. En el último año, los inspectores han sacado a la luz en la provincia 920 empleos irregulares y ocultos. Así lo recoge la última memoria de la Inspección, con datos de 2024.

Dicho de una forma más gráfica: cada mes afloran 69 empleos en la economía sumergida. Son 17 a la semana. Ahí se incluyen las altas de oficio tramitadas por la autoridad, las realizadas por las empresas a consecuencia de la inspección o las infracciones por dar ocupación a extranjeros sin autorización para trabajar. La inspección está utilizando para ello herramientas de inteligencia artificial que optimizan este rastreo.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz acaba de hacer público ese balance de un año, en el que se han realizado 17.091 actuaciones que han arrojado 2.793 infracciones. Fruto de todo eso, los empresarios denunciados se vieron obligados a pagar 9,4 millones de euros en sanciones. A esa cantidad hay que sumar 15,8 millones por los expedientes liquidatorios que se abrieron para recuperar las cuotas impagadas.

Víctor Canalda, abogado laboralista de Tarragona, detecta que la «inspección no hace actuaciones aleatorias, sino que está empleando recursos de inteligencia artificial para centrar más su trabajo». Canalda indica que «son métodos que se están empleando cada vez más porque de alguna manera se optimizan los procesos».

De entre todos los tipos de fraude laboral, la inspección actuó sobre todo en la lucha contra la economía sumergida. En este apartado, se realizaron 6.636 actuaciones y se detectaron 567 infracciones que permitieron dar de alta a esos 920 trabajadores que se encontraban sin contrato.

Precarización de plantillas

Otro de los caballos de batalla para las autoridades es el fraude en la contratación. Ahí se engloban prácticas como el uso de la temporalidad sin una causa justificada o la infradeclaración de horas en contratos a tiempo parcial. Dinámicas así permiten a las empresas reducir costes a costa de precarizar condiciones en sus plantillas.

El mayor volumen de irregularidades se detectó en el uso de la figura del fijo discontinuo, donde se obligó a cambiar la situación de 1.331 profesionales de la provincia para convertirlos en indefinidos ordinarios.

Junto a los anteriores, la inspección también obligó a convertir en fijos a 908 asalariados de la provincia que tenían contratos temporales sin cumplir con los requisitos necesarios para ello. Esos requerimientos tienen mucho que ver con la última reforma laboral, que estableció el indefinido como el contrato por defecto. En suma, un total de 2.239 trabajadores han pasado a gozar de un contrato indefinido con estos requerimientos.

Canalda apunta que «la inspección trabaja con unos patrones a nivel de sectores y si una empresa no está dentro de lo que les cuadra, envían una carta de aviso para que la compañía haga una conversión si está utilizando mal un contrato o hay un vínculo fraudulento. Ese aviso te muestra que estás en el radar».

Pero hay otra irregularidad muy recurrente sobre la que la inspección tiene puesto el foco y tiene que ver con los contratos con jornada a tiempo parcial. Las autoridades corrigieron la situación de 961 profesionales de Tarragona (519 mujeres y 442 hombres) cuya jornada real superaba la que estaba estipulada y recogida en sus contratos. Un ejemplo: tener que trabajar 20 horas a la semana y, en la práctica, que se tradujeran realmente en 30 ó 40.

Consiste en una solución muy atractiva para algunas empresas, sobre todo en sectores con alta rotación y con picos concretos de actividad. Canalda señala que tanto los fijos discontinuos mal empleados como las jornadas parciales están vigiladas: «Un ejemplo es un contrato a tiempo parcial que con las horas complementarias que le añades lo estás llevando casi a la jornada completa, y además de una forma regular. Eso es un fraude». Canalda también detecta que «extranjeros y personas sin papeles están bajo el foco de los inspectores».

En ese balance anual, la Inspección de Trabajo destaca un «incremento significativo en el sector del transporte, donde las infracciones han aumentado en un 46% con respecto al año anterior».