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El abogado del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, de su hijo Jordi Pujol Ferrusola y de otros hijos del expresidente, Cristóbal Martell, ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que traslade la causa por supuesta corrupción contra la familia Pujol a la Audiencia de Barcelona. Considera que la AN no es competente en esta causa, ya que los presuntos delitos no se produjeron en el extranjero, en Andorra, sino en el estado español. Además, también solicita la prescripción de dos delitos fiscales para el hijo mayor, de los años 2007 y 2008.

En el trámite de las cuestiones previas, Martell ha presentado diversas alegaciones solicitando la prescripción de varios delitos fiscales, la anulación de diversas pruebas obtenidas en registros, atenuando por dilaciones indebidas, la admisión de más testigos y el traslado de la causa a la Audiencia de Barcelona.

En defensa sobre todo del hijo mayor de la familia Pujol Ferrusola, Martell ha reconocido que ya existen tres resoluciones judiciales denegando la petición de traslado a la Audiencia de Barcelona, pero cree que ahora es el momento justo para volver a solicitarlo, porque es cuando se podría producir la vulneración del derecho al juez predeterminado por ley. Así, ha recordado que el dinero procedía del Estado español y que la supuesta asociación ilícita también se habría producido en Catalunya, aunque los fondos acabaran en Andorra.

Por otro lado, ha recriminado a la fiscalía y a la Abogacía del Estado que han vulnerado el derecho de defensa de los acusados, ya que las acusaciones son muy poco “concretas”. “Una acusación inconcreta no es acusación”, ha dicho. En este sentido, ha asegurado que en los escritos de acusación no aparecen detalles de las supuestas adjudicaciones públicas irregulares a cambio de comisiones de empresarios. “¿Qué concursos? ¿Qué resolución? ¿Qué mesa de contratación? Es el mínimo de concreción imprescindible para que la defensa pueda aportar pruebas de descargo”, ha dicho Martell. Asimismo, ha indicado a los magistrados que no encontrarán en la causa pliegos administrativos ni adjudicaciones sospechosas, así como tampoco una empresa afectada negativamente por estas adjudicaciones supuestamente irregulares. En este sentido, ha solicitado la admisión de varios testigos denegados por el tribunal, como serían los funcionarios implicados en las adjudicaciones.

También ha criticado que no se aceptasen como testigos los agentes de la llamada “policía patriótica” que habrían destapado el caso.

Sobre el hijo mayor, ha solicitado el archivo de dos de los cinco delitos fiscales por los que está acusado, los de los años 2007 y 2008, ya que estarían prescritos desde junio de 2014, un mes antes de la confesión pública del expresidente. Según él, estos delitos prescriben a los cinco años y justamente un juzgado de Barcelona había dicho en marzo de 2014 que no estaba investigando judicialmente aquellos ejercicios fiscales, y que la Agencia Tributaria podía seguir haciendo una inspección.

Los delitos fiscales

Sobre los delitos fiscales, también ha recordado que Andorra, en las respuestas a las 21 comisiones rogatorias solicitadas por la justicia española, siempre decía que la información facilitada sobre los fondos de los Pujol en el Principado no se podía utilizar para acusarles de delito fiscal o blanqueo de capitales.

Por último, ha solicitado la nulidad de la entrada y registro en el despacho de un asesor fiscal de los Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, así como de las pruebas allí obtenidas.

Por su parte, el abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, ha reiterado algunos de los argumentos de Martell, pero ha puesto más énfasis en la nulidad del inicio de la investigación contra los Pujol. Así, ha puesto en duda la legalidad de la filtración de los datos bancarios de la familia en Andorra, publicados por el diario El Mundo poco antes de la confesión pública del expresidente. De hecho, ha recordado que la justicia andorrana está investigando penalmente esta vulneración del secreto bancario. También considera ilegales diversas pruebas como la declaración ante la Policía Nacional de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, captada por el excomisario José Manuel Villarejo.