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Las defensas de la familia Pujol han esgrimido este lunes la 'Operación Catalunya' contra el procés y las maniobras del comisario jubilado José Manuel Villarejo y la llamada "policía patriótica" para reclamar al tribunal la nulidad de la causa.

Los abogados de los Pujol han centrado las cuestiones previas del caso en plantear la nulidad de las comisiones rogatorias que la justicia envió a Andorra para obtener información bancaria de la familia, así como de los registros policiales que derivan de ellas, al considerar que se basan en pruebas obtenidas de forma ilegal.

Jaime Campaner y Francesc Sánchez, abogados de Josep y Oriol Pujol respectivamente, han sido los encargados de argumentar ante el tribunal que la policía patriótica fue la que instigó las revelaciones que dieron pie a la causa: desde el pantallazo de las cuentas de la familia que publicó en "El Mundo" el 7 de julio de 2014 hasta la declaración de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, ante la policía.

Para Campaner, la primera comisión rogatoria que la justicia remitió a Andorra para obtener información bancaria de los Pujol debe ser declarada nula puesto que procedió de un "striptease financiero a la familia Pujol. Es el comienzo del fin de esta causa", ha defendido el abogado.

"Aun aceptando que el comunicado de Pujol contuviera información suficiente para acordar un sacrificio a la intimidad, no es libre ni voluntario, a la vista de ese "striptease bancario", ha agregado el letrado.

En ese sentido, ha alegado que el "pecado original" que desencadenó la carta de confesión de Pujol sobre la fortuna oculta, el 25 de julio de 2014, fue la publicación en la prensa de un "pantallazo" de movimientos bancarios de la familia en Andorra, una información que, ha recalcado, el propio Villarejo afirma "sin ambages" que fue obtenida por "fuerzas de seguridad del Estado".

Los abogados han insistido en el "ilícito" inicio del procedimiento contra la familia Pujol, que se inició en 2012 a raíz de las declaraciones de la expareja del primogénito, instigada por Villarejo y su entorno, primero ante la Policía Nacional y después ante la Audiencia.

"Aquí hay una causa primigenia, la voluntad de pseudopolicías y aparatos del Estado para influir en el procés", ha asegurado el abogado de Oriol Pujol, tras recordar otros episodios que se han vinculado con la llamada Operación Cataluña, como la conversación espiada en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez.

"Si mi cliente se llamara González Amador (novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso), tendría un intercambio de documentación con el Ministerio Fiscal, pero se llama Pujol", ha apuntado Francesc Sánchez.

También han sacado a relucir los letrados los mensajes de SMS que Victoria Álvarez intercambió con Jorge Moragas, exjefe de gabinete del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que la animaba a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola para "salvar a España", a lo que ella respondió posteriormente: "he hecho lo que me pediste".

Otra prueba que la defensa considera ilegal es la documentación aportada a la Fiscalía por los expropietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) sobre los Pujol en 2017, lo que los abogados consideran una irregularidad equiparable a "caso Falciani".

Por su parte, Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, ha asumido la exposición de las cuestiones más técnicas ante el tribunal, entre otras la "falta de concreción" de la acusación por corrupción, que ha calificado de "genérica" puesto que no hay pruebas de los amaños de lo contratos adjudicados a los empresarios.

Martell ha defendido también la prescripción de dos de los cinco delitos fiscales de los que el Ministerio Público acusa a Jordi Pujol Ferrusola, un plazo que a su entender habría expirado en los ejercicios 2013 y 2014.

El juicio proseguirá este martes con las cuestiones previas del resto de defensas, entre ellos de varios hijos de Jordi Pujol, cuya defensa no ha planteado ninguna.

El tribunal ha eximido a todos los acusados de acudir presencialmente a diario a la vista oral, con la excepción de las sesiones en que está previsto que declaren.