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“No me quiero ir, no me quiero ir”. Así lloraba, en un pequeño pueblo del norte de España, el hijo menor de Anabel cuando, en enero de 2023, fue entregado a su padre por orden judicial. El niño, según recoge el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), fue llevado hasta el coche “mientras forcejeaba y lloraba”, rodeado por varios familiares paternos y en presencia de la policía local. La hermana mayor, de 17 años, acabó sujetándolo para introducirlo en el vehículo. El padre observaba desde la distancia.

Aquel episodio fue el punto más doloroso de un recorrido institucional que había empezado dos años antes, cuando Anabel decidió denunciar. Tras 28 años de convivencia marcada por el “maltrato habitual”, según el relato recogido por el observatorio, en 2020 se atrevió a presentar una denuncia por violencia de género.

Al principio obtuvo una orden de protección, pero esta fue revocada “a los pocos días” y sin comunicación oficial. Tras la separación, la madre mantuvo la custodia de sus dos hijos mientras el padre accedía a un régimen de visitas. El pequeño, sin embargo, mostraba miedo y rechazo manifiesto a reunirse con su progenitor. El informe del OVIM cita episodios de ansiedad y resistencia física.

En 2022 llegó el juicio por la denuncia de Anabel. El documento describe que su abogada de oficio “no preparó el caso”, se negó a presentar determinadas pruebas y rechazó llamar a un testigo presencial. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer absolvió al acusado al considerar “no probada” la violencia psicológica.

Un cambio de custodia

Tras la absolución, el padre solicitó la modificación del régimen de guarda. Un informe pericial detectó contradicciones en el relato del menor y apuntó parte del conflicto hacia la madre. El OVIM señala que en la vista judicial el niño recibió preguntas destinadas a restar credibilidad a lo declarado. Una de ellas quedó recogida literalmente: “¿Por qué no quieres ir con tu papá? ¿Es porque no te deja jugar a la consola?”.

El juzgado otorgó finalmente la custodia exclusiva al padre. Durante las semanas previas a la entrega, el menor repitió insistentemente que no quería marcharse. La angustia persistió después del traslado: pese a que el padre acumuló catorce incumplimientos del régimen de visitas, ninguna de las denuncias prosperó. Durante ocho meses, madre e hijo perdieron todo contacto.