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La reciente condena que obliga a Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, a indemnizar con 479 millones de euros a los medios digitales españoles agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI) no es un episodio judicial más. Por primera vez, un tribunal español reconoce que el uso masivo e ilícito de datos personales realizado por un gigante tecnológico no solo vulnera la privacidad de millones de ciudadanos, sino que también distorsiona el mercado publicitario en perjuicio del periodismo profesional. Durante más de una década, los medios españoles han visto cómo las plataformas globales captaban la mayor parte de la inversión publicitaria gracias a sistemas de segmentación basados en datos que, como ahora ha confirmado la justicia, no se ajustaban a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Mientras las editoras cumplían con estrictas normativas, Meta construía un modelo de negocio apoyado en una ventaja competitiva que no era fruto de la innovación, sino de una utilización inapropiada de la información personal de los usuarios.

Este fallo judicial lanza un mensaje contundente: la competencia digital debe ser justa. No se puede permitir que empresas que manejan cantidades ingentes de información operen al margen de las reglas que las demás están obligadas a respetar. La privacidad no es una moneda de cambio; es un derecho fundamental que no puede sacrificarse en nombre de la eficiencia publicitaria. La sentencia también gestiona un aspecto simbólico de gran relevancia. Reconoce el papel esencial del periodismo como pilar democrático y señala que su supervivencia no puede quedar supeditada a un mercado dominado por prácticas opacas. En fin, no se trata de frenar la innovación, sino de garantizar que todos los actores compitan en condiciones similares. El desafío ahora es mantener el rumbo. Reguladores, plataformas y medios deben avanzar hacia un ecosistema más transparente, donde la tecnología siga siendo motor de progreso, pero nunca a costa de los derechos de los ciudadanos ni del pluralismo informativo.