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La condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo relevo se pondrá en marcha en los próximos días, ha seguido centrando este sábado el discurso político, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha pronunciado explícitamente sobre el tema.
Sánchez se encuentra en Johannesburgo para asistir a la cumbre de líderes del G20, en la que se prevé que España consolide su estatus de invitada permanente de este foro, y el domingo está previsto que ofrezca una rueda de prensa.
Quien sí se ha pronunciado sobre el fiscal ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien en un acto en Salamanca ha dicho que en España no se puede "volver mucho atrás" en Justicia respecto a la dictadura de Franco porque no se ha "avanzado gran cosa".
Puente se ha referido así a la condena anunciada el pasado jueves de dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso.
En una conferencia en Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tildado de "injusta" la condena y ha asegurado que, pese a ello, ninguna sentencia judicial "va a tapar la verdad" de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, ni va a hacer que no se denuncien "los chanchullos de Ayuso y de su entorno".
Los socios, con el fiscal
La líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, Yolanda Díaz, ha dicho que la condena supone un "punto de inflexión" ya que, en su opinión, con ella el poder judicial "ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista".
La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha puntualizado, en la inauguración de la conferencia política del Movimiento Sumar, que la condena, cuya sentencia todavía se desconoce, supone "un gigantesco descrédito para el poder judicial" y que con ella "se ha trastocado la separación de poderes".
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado ante el consell nacional de la formación que la condena muestra que el franquismo "pervive" en muchos órganos de poder del Estado, en algunos de sus tribunales, en sus cuerpos policiales".
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado por su parte, durante el Consejo Ciudadano Estatal de los morados, que la derecha "controla los grandes tribunales" y que ha "asesinado civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción del clan Ayuso".
También se han referido a la condena al fiscal varios dirigentes del Partido Popular, entre ellos la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, quien ha dicho que el Gobierno está intentando deslegitimar el poder judicial para "proteger a uno de los suyos", presentando al condenado como víctima y cuestionando la imparcialidad del Supremo, algo que supone un "ataque" al Estado de derecho.
En un acto en Puertollano (Ciudad Real), Fúnez ha dicho que la condena al fiscal general es también una condena política a Pedro Sánchez, que "lo nombró, lo protegió y lo utilizó".
Fúnez ha mostrado su preocupación por el nombramiento del próximo fiscal general, en un momento en el que el PSOE, ha dicho, "solo acepta la justicia cuando coincide con sus intereses".
A través de X, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que "toca ya hablar de responsabiliades políticas" y que "todo apunta al uno", Pedro Sánchez.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado por su parte, también en X, que a o largo de la historia hay múltiples ejemplos de que "todo líder autoritario se presenta como víctima antes de laminar derechos y poner en entredicho la ley".
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no se ha referido directamente a García Ortiz en un acto en Salamanca en el que ha prometido que sacará del poder a Sánchez, así como a su equipo, y que los sentará en el banquillo para que acaben en la cárcel, "para que paguen por sus corrupciones".