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La jueza de Sabadell que investiga al presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha denegado la condición de testigo protegido solicitada por el secretario general de la entidad, Oriol Camacho, después de que este explicara a los Mossos supuestas irregularidades en las elecciones federativas.
En su resolución, la magistrada Marisa Castelló concluye que no existen indicios de un riesgo grave para la vida o integridad de Camacho ni para la de sus allegados. La jueza sostiene que el solicitante no ha concretado amenazas ni aportado elementos que justifiquen la medida excepcional.
La decisión también respalda la revocación dictada por la Oficina Antifraude de Cataluña, que había retirado la protección concedida inicialmente a Camacho bajo la normativa de “alertadores” de casos de corrupción. Antifraude determinó que el secretario general declaró ante los Mossos en calidad de testigo por su cargo en la FCF, no como denunciante.
Camacho había denunciado presuntas represalias tras la entrada y registro policial en la sede federativa, acusando a sus superiores de manipulación y falsificación de actas en los procesos electorales. Sin embargo, el auto recuerda que no ha comparecido en sede judicial como testigo, denunciante o perjudicado, ni se ha personado en la causa abierta contra Soteras por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental.
El conflicto electoral en la FCF se arrastra desde 2022, cuando las elecciones fueron impugnadas y tuvieron que repetirse en febrero de 2023 por orden del Tribunal Catalán del Deporte. Paralelamente, otros candidatos presentaron recursos contra la elegibilidad de Soteras y su candidatura. Finalmente, los tribunales acabaron validando los comicios.
La magistrada concluye que no existe actualmente ningún peligro grave que justifique la protección solicitada, aunque deja la puerta abierta a que Camacho ejerza acciones penales si en el futuro fuera objeto de represalias o amenazas por su actuación en el caso.