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La jueza titular del juzgado de primera instancia número dos de Sabadell ha decidido enviar a prisión provisional sin fianza a Santi Laiglesia como presunto autor del homicidio de Helena Jubany en 2001, tal y como habían pedido fiscalía y acusación particular. Laiglesia estaba citado este viernes en el juzgado pero se ha acogido a su derecho a no declarar. El principal sospechoso ya estuvo imputado cuando ocurrieron los hechos, pero 24 años después, las nuevas técnicas científicas han permitido detectar ADN suyo en la ropa que llevaba Jubany el día que fue arrojada desde la azotea de un edificio de Sabadell. El investigado, que ha llegado a los juzgados serio y cabizbajo, siempre había defendido que no había visto a Jubany los días anteriores a su muerte.

En esta comparecencia han participado fiscalía, acusación particular, la defensa de Laiglesia y los abogados de los otros dos investigados, Xavi Jiménez y Ana Echaguibel. El principal sospechoso del caso se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha ratificado en la declaración que hizo en su día en sede judicial, ha informado el TSJC.

La fiscalía ha pedido prisión provisional o, alternativamente, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias en el juzgado. La acusación particular se ha adherido a la petición de la fiscalía pero ha añadido también la prohibición de aproximación y comunicación con los testigos. La defensa de Laiglesia ha rechazado las medidas cautelares, lo mismo que el abogado de Jiménez. La defensa de Echaguibel no se ha pronunciado. Precisamente, este mismo viernes se ha comunicado formalmente a la abogada de la mujer que se ha archivado el caso contra ella una vez recibidos los informes con los resultados de ADN, que no son coincidentes.

Antes de conocer la decisión, el abogado de la familia Jubany, Benet Salellas, ha lamentado que Laiglesia no haya querido dar “ninguna explicación, ni sobre la presencia del ADN en el jersey de Helena, ni tampoco sobre ninguna de las otras pruebas e indicios que hay en el expediente”, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo.

Para la acusación, el silencio de Laiglesia es “una contribución más” a consolidar la importancia de la prueba del ADN: “Esta falta de explicación ante un indicio tan contundente lo que hace es incriminarlo todavía más”.

Por otro lado, Salellas ha detallado que la posición de Laiglesia ante la jueza ha sido “muy inexpresiva” en todo momento, a diferencia, dice, de lo que ocurre con muchas otras personas cuando se encuentran en esta situación y “expresan algún tipo de sentimiento, de miedo o de duda”.

Una vez frustrado el interrogatorio, Salellas ha explicado que la fiscalía ha pedido prisión provisional por el riesgo de fuga y por el riesgo de destrucción de pruebas, atendiendo al hecho de que “la mayoría de testigos del procedimiento forman parte de un núcleo muy reducido de personas” y que su libertad “puede perjudicar la preparación y la declaración de estos testigos”.

“Compartimos esta presión colectiva, este silencio que se ha impuesto al conjunto de personas vinculadas a la UES”, ha espetado Salellas.

Una vez se terminen de practicar todas las diligencias, la familia Jubany espera que pueda acabar abriéndose finalmente juicio para aclarar qué pasó con Helena Jubany hace ya 24 años: “Estamos en un momento en el que la existencia del juicio parece absolutamente indiscutible”.