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Diez agentes de los Mossos d’Esquadra se sentarán en el banquillo acusados de amenazar, insultar y robar a varios vecinos del barrio del Raval, en Barcelona, durante una pelea en el marco de una despedida de soltero celebrada la noche del 8 de octubre de 2022.

Según el escrito de la Fiscalía, los agentes —que se encontraban fuera de servicio y algunos de los cuales fueron suspendidos de funciones— habrían protagonizado un altercado con residentes del barrio que derivó en un clima de intimidación. El ministerio público solicita penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados.

Los hechos se iniciaron cuando, antes de la cena, dos de los policías orinaron en la vía pública frente a un local del barrio, lo que provocó la recriminación de varios vecinos. La reacción de los agentes, siempre según la Fiscalía, fue “prepotente y despectiva”, con insultos de carácter racista, lo que desencadenó un enfrentamiento verbal.

Horas después, ya de madrugada, el grupo regresó al lugar de los hechos y dos de los acusados accedieron a un local tras forzar la puerta, de donde se habrían llevado dos patinetes eléctricos y 350 euros en efectivo. La Fiscalía sostiene que el resto de agentes, distribuidos en la calle, contribuyeron a generar un entorno intimidatorio que facilitó la acción.

El episodio continuó con nuevos enfrentamientos verbales en la vía pública, en los que uno de los acusados llegó a simular que apuntaba con un arma de fuego a un vecino mientras lo amenazaba. Los hechos fueron grabados por testigos y difundidos posteriormente en redes sociales.

Tras el incidente, los agentes habrían intentado dar cobertura a su actuación redactando un atestado en el que aseguraban haber intervenido los patinetes por sospechas sobre su procedencia ilícita, versión que contradice el relato de la Fiscalía, que sostiene que los objetos fueron sustraídos del interior del local.

Por estos hechos, el ministerio público acusa a los diez agentes de un delito de coacciones, a dos de ellos también de robo con intimidación y a cuatro de falsedad documental. Además de las penas de prisión, solicita multas económicas y hasta seis años de inhabilitación.

El juicio, que debía comenzar en los próximos días en la Audiencia de Barcelona, ha sido finalmente aplazado.