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Seis familias viven desde marzo de 2024 en ‘La Puntual’, un bloque de pisos ubicado en el número 64 de la calle Pere Martell. El edificio estaba deteriorándose y deshabitado desde hacía más de una década, hasta que el Sindicat de l’Habitatge de Tarragona decidió liberarlo para que algunas familias con niños pudieran tener una vivienda. El sindicato ha establecido allí su sede y también tiene un piso de emergencia.

Este es uno de los inmuebles que Adif tenía vacíos y abandonados en la ciudad de Tarragona, y que durante años fue deteriorándose, sin que la compañía pública se preocupara de su estado. También en la Part Baixa, el ente gestor de infraestructuras tiene un segundo edificio. En este caso, ubicado en la Plaça dels Carros y parcialmente abandonado. Sin embargo, la cifra exacta de propiedades que mantiene la compañía se desconoce.

Desde el comité del centro de trabajo de Adif en la provincia de Tarragona se ha puesto recientemente el foco sobre esta cuestión. Hace unos meses preguntó a la compañía que le facilitara un listado con la relación de estos bienes, teniendo en cuenta que «en buena parte es un patrimonio que se encuentra en un estado de abandono y desuso», argumenta su presidente, Daniel Esparza.

Esparza asegura que la relación que han obtenido «no es real». El listado corresponde al mes de febrero de 2024, e incluía un total de 43 inmuebles que no reunían las condiciones de habitabilidad y que faltaba comprobar las posibles ocupaciones irregulares. De estos, 22 están en la demarcación de Barcelona y el resto, es decir 21, en las comarcas tarraconenses. No obstante, no consta ninguna propiedad en Tarragona ni los pisos que tiene al lado de la estación de Reus, que también están abandonados. De hecho, la lista tan solo hace referencia a veinte propiedades en la calle Aragó, de Móra la Nova, y una en El Vendrell.

«Reclamamos tener un inventario real, ya que en distintos municipios existen inmuebles que forman parte del patrimonio de la empresa y que, sin embargo, permanecen vacíos, sin mantenimiento ni conservación adecuada», indica el comité de empresa.

El caso más singular es el de la colonia ferroviaria de Sant Vicenç de Calders. Construida a inicios del siglo pasado, las construcciones se han ido deteriorando y, aunque todavía quedan algunos inquilinos que pagan un alquiler a la compañía, durante años el centenar de casas que fueron construidas para que pudieran vivir los trabajadores de la compañía, han sido un foco de tensión, problemas y ocupas.

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento de El Vendrell y la Generalitat han dado los primeros pasos para la recuperación de este entorno patrimonial, con el objetivo de convertirlas en viviendas sociales. Es una propuesta que también hace el comité del centro de trabajo de Adif en Tarragona, que apuesta por la recuperación de estos inmuebles para dar una respuesta a la crisis de vivienda que está sufriendo el país.

Uso ferroviario

El comité califica de «inaceptable» que un patrimonio público, que podría tener un uso social, «permanezca cerrado y deteriorándose, mientras la sociedad afronta una crisis habitacional de creciente magnitud». Asimismo, defienden que la conservación y mantenimiento adecuado de estos inmuebles podrían contribuir a dar una respuesta a los propios trabajadores de la compañía. «En Catalunya tenemos un problema muy grave de falta de personal, que normalmente se cubre con gente de fuera. Si estas viviendas se pusieran a disposición de los trabajadores de Adif, que es por lo que eran, haría más atractiva su permanencia en esta comunidad autónoma», indica Esparza.

Esparza muestra una especial sensibilidad al respecto. Él mismo explica que es hijo de padre ferroviario que llegó a Catalunya y fue a vivir en un piso de la calle Nou de Sant Pau. Actualmente el inmueble ya no es propiedad de Adif, no obstante, esto facilitó que la familia plantara sus raíces en la ciudad y que, pasados los años, el hijo también siguiera los pasos del padre.

Con todo, desde el comité de empresa solicitan a la dirección de Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que evalúe el estado de estas propiedades para «poner en marcha medidas para su rehabilitación y aprovechamiento, para programas de alquiler social o uso ferroviario». Asimismo, se reclama que se actúe «con criterios de transparencia y responsabilidad social», dado que se trata de bienes públicos «sufragados por todos los ciudadanos».

El comité de empresa no es el único que ha movido ficha. En febrero del año pasado, el concejal de En Comú Podem, Jordi Collado, mandó una carta al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la que ya le proponía «la exploración de la cesión de inmuebles vacíos, reformados o a reformar, para destinarlos a alquiler social».

«El Ayuntamiento dispone de capacidad presupuestaria, mediante los remanentes, para rehabilitar estos inmuebles y ponerlos a disposición de las familias más vulnerables. Esta iniciativa no sólo contribuiría a afrontar la crisis de vivienda, sino que también reforzaría la imagen de Adif como una institución comprometida con el bienestar social en nuestra ciudad», argumentaba el concejal.

En la misiva, Collado hacía referencia a las «graves dificultades» en materia de acceso a la vivienda que vive la ciudad de Tarragona y apuntaba que la empresa pública estatal «como importante agente y propietario de varios inmuebles en la ciudad, puede tener un papel determinante en la resolución de esta situación», por lo que le emplazaba a «establecer un diálogo constructivo».

La respuesta fue que no tenían pisos en Tarragona. No obstante, después de allanar el camino para que se firmara el acuerdo entre el president, Salvador Illa, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, para que la Iglesia ceda propiedades para vivienda social, Collado ya avanza que su próximo objetivo es el gestor de infraestructuras.

En su página web, Adif tiene un apartado dedicado a la comercialización de inmuebles en el que se alquilan y venden locales, viviendas e incluso terrenos. Ahora mismo, no hay ninguna propiedad disponible en la demarcación de Tarragona.