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La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha avanzado que el próximo martes el Consell Executiu aprobará un “primer paquete” de ayudas directas a empresas y de financiación bonificada dirigido a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Próximo. La medida llega en un contexto de aumento de los precios, especialmente de los carburantes, que está tensionando a varias actividades económicas.

Romero ha explicado que este primer conjunto de medidas se centrará en ofrecer liquidez y apoyo financiero a través del Institut Català de Finances (ICF), y que los sectores prioritarios serán la agricultura, la pesca, el transporte y la movilidad. Además, ha subrayado que las ayudas estarán condicionadas al mantenimiento del empleo, con el objetivo de evitar la destrucción de puestos de trabajo.

La consellera no ha detallado la dotación económica del paquete, aunque ha señalado que previsiblemente no será el único y que podrían aprobarse nuevas medidas en función de la evolución del contexto internacional. En paralelo, el Govern estudia posibles ajustes fiscales en impuestos propios, especialmente vinculados a los sectores pesquero y agrícola, mediante excepciones o rebajas temporales.

En cambio, ha descartado la deflactación del IRPF como plantean algunos grupos parlamentarios y ha advertido de que la falta de presupuestos limita el alcance de las iniciativas. “Sin presupuestos es imposible un abordaje muy ambicioso para las familias”, ha afirmado, dejando claro que las medidas dirigidas a los hogares serán, por ahora, más limitadas.

En este sentido, el Ejecutivo prevé habilitar una línea de ayudas genérica que permita activar convocatorias específicas más adelante, aunque en este primer paquete no se contemplan grandes actuaciones dirigidas directamente a las familias.

Asesorar empresas

Más allá del apoyo económico, el Govern también quiere reforzar el asesoramiento a las empresas para facilitar la apertura de nuevos mercados, siguiendo estrategias aplicadas en anteriores crisis comerciales. Asimismo, plantea impulsar la transición energética con nuevas líneas de financiación para el autoconsumo y el refuerzo de la energética pública.

Por otro lado, y a propuesta de los grupos parlamentarios, se creará un grupo de trabajo para hacer seguimiento de la evolución de los precios. Esta unidad tendrá como objetivo vigilar que las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno central se trasladen efectivamente a los consumidores y estudiar posibles medidas adicionales si fuera necesario.