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La declaración de la Torre del Pretori de la ciudad de Tarragona como Lugar de Memoria Democrática tiene un significado que va más allá del reconocimiento institucional de un espacio marcado por la represión franquista, pues es inusual que la memoria histórica no sea terreno de confrontación política. El mapa legislativo en esta materia se ha fragmentado de forma tan profunda como un frente de guerra, y no es esta una expresión banal. Aragón fue la primera autonomía que derogó una ley de memoria histórica, por el pacto de coalición entre PP y Vox. Luego vino Castilla y León con las mismas, pese a que la norma había sido promulgada por un gobierno del PP. Lo mismo en el País Valencià. Se frustró en Extremadura tras romperse la coalición ultra. En Baleares, la misma coalición mantiene la ley de fosas de 2016, pero derogó la Ley de Memoria Democrática de 2018. En Cantabria, la derogación por PP y Vox de la ley de memoria aprobada en 2021 ha sido paralizada por el Tribunal Constitucional. Galicia, Madrid y Murcia, feudos sólidos del PP, carecen de legislación. En cambio, la mantienen Navarra, Euskadi, Andalucía, La Rioja, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. Catalunya es pionera, pues tiene desde 2007 la Llei del Memorial Democràtic, complementada en 2009 con una ley de fosas fruto del primer Tripartit, y otra en 2017 para la reparación jurídica de víctimas del franquismo, promovidas por gobiernos independentistas. Las derogaciones de las leyes de memoria y las propuestas de ‘leyes de concordia’ han sido denunciadas por Naciones Unidas, para quien esta situación pretende «invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista». Las disputas legislativas reflejan un problema de fondo: la dificultad de asumir un pasado que aún interpela al presente. En este contexto se entiende el valor del acto del Pretori. El reconocimiento de un espacio de represión como patrimonio de la ciudad no solo preserva la memoria de las víctimas, sino que contribuye a una comprensión compartida de la historia. Que este acto haya podido celebrarse sin sobresaltos políticos indica madurez institucional y demuestra que la memoria democrática puede gestionarse con serenidad, rigor y respeto.