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Mientras el mundo fija su mirada en conflictos como las guerras en Oriente Medio o Ucrania, otras guerras siguen devastando regiones enteras en un silencio mediático casi absoluto. Desde la persecución sistemática de los rohinyás en Myanmar hasta la violencia implacable de grupos islamistas en el Sahel, millones de personas viven atrapadas entre el desplazamiento, el hambre y la muerte sin que sus tragedias ocupen titulares. Estos conflictos olvidados evidencian un patrón inquietante: la tragedia se vuelve invisible cuando golpea a poblaciones aisladas o consideradas periféricas, incluso cuando el sufrimiento alcanza dimensiones masivas.

La persecución de los rohinyás

En el estado de Rakhine, en Myanmar, la minoría musulmana rohinyá ha sido sometida durante años a violencia sistemática que ha incluido destrucción de aldeas, asesinatos y desplazamientos masivos. Desde la oleada de violencia de 2017, cientos de miles han cruzado fronteras o se han visto obligados a refugiarse dentro de Bangladesh y en zonas cercanas. Según datos de la ONU, más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas internamente dentro de Myanmar por la actual crisis, y casi 20 millones necesitan asistencia humanitaria en todo el país, incluido en Rakhine. La violencia continuada tras el golpe de Estado de 2021 disparó las muertes de civiles a su nivel más alto.

Actualmente, la crisis de los rohinyás sigue siendo una de las más prolongadas y estancadas del mundo. Más de un millón de refugiados continúan viviendo en Bangladesh, la mayoría en los campos superpoblados de Cox’s Bazar, tras haber huido de la persecución en Myanmar desde 2017. La situación no ha mejorado porque el conflicto en Rakhine sigue activo y, con la guerra interna en Myanmar, no existen condiciones seguras para el retorno. En los últimos años han seguido llegando nuevos refugiados, lo que evidencia que la violencia y la inseguridad persisten.

Mientras no haya una solución política en Myanmar, los campos de Bangladesh seguirán siendo el hogar forzado de una de las mayores poblaciones refugiadas del mundo.

La guerra civil en Sudán, iniciada en abril de 2023, fue el resultado de la ruptura entre el jefe del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Daglo. Lo que comenzó como una disputa por la integración de esta fuerza paramilitar en el aparato estatal derivó en una lucha abierta por el control político, territorial y económico del país, truncando definitivamente la transición iniciada tras la caída de Omar al-Bashir.

El epicentro de la violencia se sitúa en Darfur, donde la toma de El Fasher por parte de las RSF, el 26 de octubre, marcó un punto de inflexión. La ciudad, último bastión del Ejército en la zona, había soportado más de 500 días de asedio que bloquearon la ayuda humanitaria y precipitaron condiciones de hambruna. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 107.294 personas huyeron de El Fasher entre finales de octubre y principios de diciembre, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que otras 26.000 escaparon en apenas unos días recientes, en medio de ataques, saqueos y graves violaciones de derechos humanos. La caída de la ciudad no solo consolidó el control paramilitar sobre gran parte de Darfur, sino que intensificó una dinámica de violencia contra la población civil que incluye ejecuciones, violencia sexual y desplazamientos forzados. La propia OIM ha documentado 142 incidentes de desplazamiento en la zona desde el inicio de la guerra.

La consecuencia inmediata fue un éxodo constante. Desde finales de octubre, cerca de 20.000 sudaneses han cruzado hacia Chad, según ACNUR, en un flujo diario de unas 250 personas, en su mayoría mujeres y niños. Más de 7.500 familias han sido registradas en la frontera oriental, donde el paso de Adré se ha convertido en un corredor vital.

Detrás de estos movimientos se esconde una crisis humanitaria de dimensiones extraordinarias. Naciones Unidas calcula que unos 30 millones de personas necesitan asistencia, mientras que más de 10 millones han sido desplazadas desde el inicio del conflicto, aproximadamente la mitad de ellas niños. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 la ONU documentó al menos 3.384 civiles muertos, en su mayoría en Darfur.

La situación de los menores es especialmente alarmante. Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Um Baru, en Darfur del Norte, revela que el 53% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición aguda, y casi uno de cada cinco padece su forma más severa, potencialmente mortal. Mientras tanto, en ciudades como El Fasher, los civiles que no han podido huir permanecen atrapados sin acceso regular a alimentos, agua o atención médica. Los convoyes humanitarios llevan meses bloqueados en las afueras, y la inseguridad impide evaluar con precisión la situación sobre el terreno.

Así, la guerra entre el Ejército sudanés y las RSF no solo ha fragmentado el país, sino que ha sumido a millones de personas en una crisis extrema, marcada por el desplazamiento masivo, la violencia sistemática y un colapso humanitario que continúa agravándose lejos del foco internacional.

El este de la República Democrática del Congo, particularmente las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, vive desde finales de 2024 una reanudación de las ofensivas del grupo rebelde M23, intensificando una violencia que lleva décadas azotando la región. Los informes de derechos humanos de la ONU documentan ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual sistemática. Solo en julio de 2025, según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registraron al menos 319 civiles asesinados por el M23 en Kivu Norte, en una de las series de ataques más letales desde el resurgimiento del grupo armado.

La región, rica en minerales estratégicos, se ha convertido en un escenario de violencia recurrente donde la lucha por recursos perpetúa el conflicto y mantiene a millones de personas desplazadas, en condiciones precarias o bajo amenaza constante. Este conflicto combina además dinámicas político-militares complejas, rivalidades regionales y tensiones étnicas. La guerra ha generado desplazamientos masivos y graves crisis humanitarias. Además, Ruanda ha sido acusada de proporcionar apoyo financiero, logístico y militar al M23, algo que Kigali ha negado.

El Sahel central atraviesa una violencia yihadista sostenida. Países como Burkina Faso, Mali, Níger y Nigeria se han consolidado como el principal foco de violencia yihadista a nivel global, donde las insurgencias han generado una de las crisis de seguridad más graves de África. Estos grupos, incluidos afiliados de Al Qaeda, Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y Boko Haram, perpetran ataques diarios contra comunidades locales, con masacres, secuestros y destrucción de infraestructuras que apenas aparecen en la agenda mediática internacional.

Nigeria vive una preocupante escalada de violencia contra las comunidades cristianas, especialmente en las regiones centrales y del norte del país, donde constituyen una minoría. Según la Lista Roja 2025 elaborada por la organización humanitaria Global Christian Relief, Nigeria vuelve a situarse como el país más peligroso del mundo para profesar el cristianismo. El Gobierno nigeriano, por su parte, se muestra incapaz de garantizar la seguridad de estas comunidades frente a matanzas recurrentes que se prolongan desde hace años. Esta situación ha obligado a unos 16 millones de cristianos en África subsahariana a abandonar sus hogares, huyendo de la violencia y el conflicto, de acuerdo con estimaciones de la organización internacional Open Doors.

La situación en Mali sigue siendo extremadamente frágil, en medio de una insurgencia que se ha vuelto más compleja y peligrosa. Grupos armados vinculados a Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM), aliado de Al-Qaeda, han intensificado sus operaciones, presionando al gobierno y a la junta militar que gobierna desde sucesivos golpes de Estado. Durante 2025, la violencia alcanzó niveles críticos: los insurgentes impusieron un cerco económico sobre Bamako, interceptando convoyes de combustible y bloqueando suministros esenciales. La presión militar y la inseguridad creciente han tenido graves consecuencias para la población civil, con cierre de escuelas, interrupción de servicios básicos y persecución de opositores.

La violencia yihadista también sigue marcando profundamente la vida en Burkina Faso, donde grupos armados afines a Al Qaeda y al Estado Islámico mantienen una escalada de ataques que han desestabilizado amplias zonas del país, que viven bajo una constante amenaza debido a la inseguridad.

En Níger, la violencia yihadista sigue siendo una amenaza constante para la seguridad nacional, especialmente en regiones fronterizas como Tillabéri y Tahoua, que forman parte del vasto corredor de inestabilidad del Sahel.

La relación entre Pakistán y Afganistán vive uno de sus momentos más tensos en años tras una serie de ataques transfronterizos que han reavivado un conflicto latente. La escalada comenzó cuando Pakistán, superado por los repetidos ataques del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en su territorio y frustrado por la negativa del gobierno talibán en Kabul a enfrentarse a sus aliados ideológicos, lanzó bombardeos aéreos sobre supuestos campamentos insurgentes dentro de Afganistán. La acción, que cruzó la línea roja de la soberanía afgana, provocó una contundente respuesta de los talibanes, que desplegaron comandos de élite contra puestos militares pakistaníes en la frontera y desencadenó la actual serie de ataques aéreos sobre ciudades como Kabul, Paktika y Kandahar.

Entre los episodios más graves figura el bombardeo al centro de tratamiento de toxicómanos Omid en Kabul, que dejó centenares de víctimas, en su mayoría civiles, y fue condenado por la ONU y organismos internacionales.

El conflicto en Tigray, en el norte de Etiopía, estalló en noviembre de 2020 tras años de crecientes tensiones políticas entre el gobierno federal y el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), y derivó rápidamente en una guerra abierta con la implicación de múltiples actores armados, incluidas fuerzas eritreas.

Desde entonces, organismos internacionales como la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón persistente de abusos atribuidos a todos los bandos: ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual generalizada, destrucción de infraestructuras civiles y posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La violencia desencadenó además una crisis humanitaria de gran escala. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, mientras amplias zonas quedaron expuestas a una inseguridad alimentaria extrema, agravada por las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

En términos de víctimas, distintas estimaciones sitúan este conflicto entre los más mortíferos del siglo XXI, con cifras que podrían alcanzar cientos de miles de muertos, una dimensión que contrasta con la limitada atención internacional que ha recibido

En un mundo donde la atención mediática se concentra en unos pocos escenarios, numerosos conflictos permanecen en la sombra pese a su enorme impacto humano.