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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aprobará un primer paquete de ayudas de hasta 400 millones de euros para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre la economía catalana.
El plan incluirá un total de 40 medidas con ayudas directas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación para proteger tanto a las familias como al tejido productivo, especialmente a los sectores más afectados como el transporte, la agricultura y la pesca.
Illa ha avanzado que este paquete “se ampliará en función de la evolución del conflicto” y ha subrayado que las ayudas a empresas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. Asimismo, ha pedido al resto de fuerzas políticas no obtener rédito político del conflicto bélico.
El plan prevé también medidas específicas para facilitar que los hogares vulnerables puedan hacer frente a gastos como la alimentación y los suministros energéticos, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.
Salvador Illa ha enmarcado estas actuaciones dentro de una respuesta más amplia coordinada con el Gobierno español y la Unión Europea, y ha defendido que “la mejor manera de protegernos es actuar con la máxima unidad y coordinación”.
El presidente ha valorado positivamente la reacción europea en defensa de la paz y del derecho internacional y ha insistido en que la fortaleza del modelo europeo radica en la solidaridad y la cooperación entre Estados.
Asimismo, ha defendido la necesidad de que las administraciones intervengan en situaciones excepcionales para garantizar los derechos de la ciudadanía y estabilizar la economía, de forma similar a como se actúa en otros ámbitos como la vivienda.
Llamamiento a partidos y empresas
El presidente ha hecho un llamamiento explícito a la “unidad, responsabilidad y consenso” de todos los actores políticos, económicos y sociales, y ha advertido de que “no es el momento de intentar sacar rédito político” del conflicto. En esta línea, ha apelado también a las grandes empresas y al sistema financiero para que actúen con responsabilidad y eviten “beneficios extraordinarios” en un contexto de crisis.