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La Audiencia Provincial de Tarragona ha ratificado el desahucio de una familia que ocupaba una vivienda en el barrio de Campclar sin contrato en vigor, en una sentencia que delimita con precisión qué papel juega (y cuál no) la vulnerabilidad en este tipo de procedimientos. El fallo desestima íntegramente el recurso presentado contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarragona, que ya había acordado el desalojo del inmueble.

El caso gira en torno a una vivienda situada en Campclar, cuya titularidad corresponde a la Administración. El inmueble había sido arrendado anteriormente a otra persona, pero ese contrato se extinguió y el inquilino abandonó la vivienda. A partir de ese momento, la actual ocupante, junto a su pareja y dos hijos menores, permaneció en el piso. Este punto no fue discutido durante el procedimiento: la propia defensa reconoció que no existía contrato vigente ni otro título jurídico que legitimara la ocupación.

La estrategia de la parte demandada no se centró en negar la falta de título, sino en justificar su permanencia por otras vías. Argumentó que existía una vinculación familiar con el anterior inquilino y que la situación económica de la familia era especialmente delicada, lo que hacía necesario evitar el desahucio. 

La Audiencia introduce aquí el elemento central del fallo: la vulnerabilidad alegada no ha sido probada de forma suficiente dentro del procedimiento judicial. Según recoge la sentencia, la documentación aportada por la familia se limita básicamente a identificaciones personales, sin informes sociales actualizados ni acreditación concreta de ingresos, situación laboral o condiciones económicas. 

Este vacío probatorio resulta determinante. El tribunal cita expresamente la respuesta de los servicios sociales municipales, que indicaban que el expediente estaba cerrado desde hacía más de un año. Esto implica que no existe una evaluación reciente que permita determinar si la familia se encuentra, en el momento actual, en situación de riesgo de exclusión residencial. 

A partir de ahí, la Audiencia es clara: sin una acreditación actualizada y suficiente, la vulnerabilidad no puede tenerse por probada en el proceso. Este matiz es importante porque la sentencia no afirma que la familia no sea vulnerable, sino que no ha demostrado serlo en términos jurídicos dentro del procedimiento.

La resolución insiste en diferenciar dos momentos clave en los procesos de desahucio: la fase declarativa y la fase de ejecución. En la fase declarativa, en la que se encuentra este caso, el juez debe responder a una única pregunta: si la persona demandada tiene o no derecho a ocupar la vivienda. 

En este caso, los tres elementos necesarios para estimar la demanda concurren de forma clara, según el tribunal: la titularidad del inmueble está acreditada a favor de la Administración; la vivienda está perfectamente identificada; y la ocupación por parte de la familia es reconocida y se realiza sin contrato ni autorización. Con estos elementos, la conclusión es directa: no existe derecho legal a permanecer en la vivienda y procede el desahucio.

La relación con el anterior inquilino y los menores

Uno de los argumentos planteados en el recurso era la vinculación con el antiguo inquilino. La defensa sostenía que esa relación justificaba, al menos parcialmente, la permanencia en el inmueble. La Audiencia lo descarta. Señala que, una vez extinguido el contrato de arrendamiento y abandonada la vivienda por el titular, cualquier vínculo personal o familiar carece de efectos jurídicos.

Otro de los ejes del recurso era la presencia de dos menores de edad y la necesidad de proteger su interés superior. La familia invocó normativa constitucional y legislación específica de protección a la infancia. La Audiencia responde con una doctrina reiterada: la existencia de menores no impide que se estime una demanda de desahucio cuando no existe título legal. 

El tribunal subraya que los derechos de los menores deben ser protegidos, pero esa protección no se traduce en impedir la resolución del proceso en esta fase. En lugar de ello, indica que deben adoptarse medidas específicas más adelante, cuando se ejecute el lanzamiento.

La sentencia dedica un apartado relevante a explicar que la normativa estatal aprobada en los últimos años para proteger a personas vulnerables frente a desahucios no puede utilizarse para evitar que se dicte una sentencia de y solo sirve para suspender temporalmente el desalojo cuando ya existe una resolución firme y se va a ejecutar. Además, para que esa suspensión sea posible, es imprescindible acreditar la vulnerabilidad con la documentación exigida, algo que en este caso no se ha producido.

La defensa también alegó que la Administración no había negociado de buena fe un alquiler social, pese a la disposición de la familia a asumirlo. La Audiencia rechaza que este argumento tenga relevancia jurídica en el procedimiento. Recuerda que el acceso al alquiler social sigue unos cauces específicos y que existen otras personas en situaciones similares o más graves que acceden a estos recursos por las vías establecidas.

Con la confirmación de la sentencia, el proceso entra en una fase distinta: la ejecución. Será en ese momento cuando se señale el lanzamiento y cuando el juzgado pueda valorar, si se solicita y se acredita, la situación personal de los ocupantes. Ahí sí podrían intervenir los servicios sociales y analizarse medidas como la suspensión temporal del desalojo, siempre que se cumplan los requisitos legales y se aporte documentación actualizada.