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Cristina Abelló, de 30 años, estaba viendo la televisión cuando se enteró de que la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), otorgaba préstamos a jóvenes de 18 a 35 años para financiar, sin comisiones, la entrada de su primera vivienda. 

A partir de ahí, ella y su pareja, de 31 años, comenzaron a buscar piso con la intención de acogerse a la ayuda. Lo encontraron en Tarragona: "Buscamos todos los pasos por internet y fue bastante sencillo", reconocen. Ya se han comprado 75 viviendas en la demarcación (54 en el Camp y 21 en las Terres de l’Ebre) y se han aceptado 197 solicitudes (143 en el Camp y 54 en las Terres de l’Ebre).

La situación de Cristina y su pareja refleja la de la inmensa mayoría de jóvenes tarraconenses, que ven la emancipación como poco más que un sueño. De hecho, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), deben destinar el 70 % del salario para poder costearse el acceso a una vivienda y entre el 30 y el 40 % del salario para alquilar una habitación. 

La preocupación va al alza, pues en la provincia el 46 % de los jóvenes tiene problemas para llegar a final de mes, según la última Enquesta a la joventut de Catalunya, publicada en 2023.

Pasan a ser pisos protegidos

La línea del ICF permite financiar, sin intereses, hasta el 20 % del importe de la compraventa de la vivienda, con un límite de 50.000 euros, que el Institut permite devolver con cuotas mensuales durante los cinco años siguientes a haber cubierto la totalidad de la hipoteca –que debe ser de un máximo de 30 años– del piso en cuestión, que pasará a convertirse en una vivienda de protección oficial de precio limitado. 

Esto significa que, si Cristina decidiera venderla, podría hacerlo como máximo al precio de adquisición más el IPC y el coste de determinadas reformas, para garantizar que cada propietario recupere su inversión.

"No creemos que eso sea un problema para nosotros porque hemos comprado la vivienda con la intención de que sea nuestra casa de forma permanente y de ahora en adelante, por lo que no pensamos para nada en especular", sostiene la ya propietaria, que, a raíz de su compra, se ha convertido en una auténtica experta: "A veces me daba la sensación de que yo conocía mejor cómo funcionaba la ayuda que el personal de los bancos", desvela como punto negro.

"Me pareció sencillo el proceso porque en la página web aparecían todos los requisitos explicados, aunque eso no quita que la tarea de reunir toda la documentación sea algo pesada", reconoce. 

Las condiciones, en efecto, no son complejas: tener entre 18 y 35 años y estar empadronado en Catalunya; que la vivienda sea la primera que compra la persona en cuestión; y que los ingresos brutos anuales de los miembros del hogar no superen el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) multiplicado por 6,5. Esto es, un máximo de 83.392,53 euros anuales para una persona y 85.971,60 euros para dos. Además, la persona solicitante no puede tener deudas significativas.

Las solicitudes están abiertas desde el pasado 30 de junio en la página web del ICF, que es el encargado de aprobarlas. Una vez que se dispone de la luz verde, el siguiente paso es contactar con una de las entidades bancarias adheridas al convenio, que, a día de hoy y según la Generalitat, son Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, CaixaBank e imagin, Caixa Enginyers, Caixa Guissona, Laboral Kutxa y Banco Santander.

"Hicimos el bloqueo del piso con la inmobiliaria, pero no lo activamos todo hasta no saber a ciencia cierta que nos iban a aprobar el préstamo", expone Cristina, quien recuerda que, en escasos diez días, le llegó la notificación de luz verde de la petición. "Luego ya pasamos a los trámites típicos con los de la inmobiliaria", narra.

A partir de la aprobación, se abre un período de seis meses para firmar la hipoteca y, en el caso de que la suma de ambos préstamos (el del ICF y el del banco) no cubra el 100 % del precio de compra, la persona solicitante debe cubrir el resto con recursos propios. 

Por otra parte, fuentes de la entidad manifiestan que, como en cualquier préstamo, si la persona no puede pagar, "se inicia el proceso para recuperar el máximo del importe concedido". El Govern, a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, destina 500 millones de euros en cinco años para financiar la línea.