Categoría

Antetítulo

Título

Subtítulo

Autores

Imagen Principal

Artículo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de noviembre el anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido popularmente como el Estatuto del Becario. La norma contempla el derecho de los estudiantes a la compensación de los gastos fruto de la actividad de las prácticas, como el desplazamiento o, en el caso de requerirse, el alojamiento. También reconoce a los becarios los mismos derechos que un trabajador, incluido los días de descanso y vacaciones. Además, limita las horas de prácticas y el número de los estudiantes en las empresas y establece un plan formativo individual más extenso y un régimen sancionador a aquellas empresas que incumplan la normativa. El camino legislativo, no obstante, es largo, ya que debe de aprobarse en las Cortes.

El objetivo del ejecutivo es evitar y controlar la figura del falso becario. Es decir, aquel estudiante que ejerce como un trabajador más en la empresa y no recibe ningún tipo de acompañamiento formativo. El secretario general de UGT Tarragona, Jorge Porté, asegura que «es una situación generalizada» y reclama que «esta ley ayudará a que la figura de los falsos becarios se acabe». Sin embargo, Silvia Miró, directora del Àrea de Treball de Pimec, afirma que las empresas «actúan correctamente» y comenta que «no se debe legislar porque hayan empresas que hagan un mal uso».

Por otro lado, Miró avisa que si se aprueba definitivamente el Estatuto del Becario «se generará un escenario que desincentivará la participación de las pymes». La directora del Àrea de Treball de Pimec comenta que la imposición de un régimen sancionador también «genera cierta inseguridad en las empresas en el momento de decidir si aceptar o no convenios de prácticas». La patronal de las pymes señala que algunas empresas decidirán no adoptar a estudiantes en prácticas en sus equipos. No obstante, Miró se muestra favorable a compensar los gastos de los alumnos pero recalca que «el pago no se debe confundir con una remuneración laboral».

Además, la directora del Àrea de Treball de Pimec avisa que, en el caso de que la normativa salga adelante, «quizá no se conseguirá ocupar toda la demanda de prácticas». Miró comenta que «es posible que algunos estudiantes no puedan terminar sus estudios», ya que la tendencia que están siguiendo las universidades en las actualizaciones de los planes de estudio es añadir más horas de prácticas obligatorias en los grados.

Por su parte, Jorge Porté, de UGT, afirma que las exigencias de esta propuesta «no son tan duras como las empresas dicen» y remarca que «las situaciones de fraude perjudican al mercado laboral», ya que estos becarios están sustituyendo posiciones que puede ocupar un trabajador. «Los becarios están en peores condiciones que los trabajadores y la intención del estatuto es que no sea así. No es pedir tanto», concluye.

Sin la opinión de la Universidad

La norma se ha negociado con sindicatos y patronales, aunque esta última no aprobó el estatuto. Sin embargo, las universidades del país denuncian que el Gobierno «ha hablado muy poco con ellos» para elaborar el Estatuto del Becario. Montserrat Pinent, vicerrectora de Projectes Docents i Alumnes de la Universitat Rovira i Virgili (URV), comenta que «compartimos el espíritu de la norma» y afirma que «hay que proteger al estudiante de prácticas irregulares». No obstante, Pinent explica que «no se ha tenido en cuenta la realidad de la universidad y esto puede perjudicar a los estudiantes».

La vicerrectora de la URV se refiere a aspectos como el cálculo de la compensación de los gastos: «¿Qué lugar se tomará de referencia? ¿La distancia entre la universidad y la empresa o entre el domicilio habitual y la empresa?», se pregunta Pinent. También reflexiona que «con las vacaciones tampoco queda claro», ya que se desconoce si el periodo de vacaciones se debe de incluir «en el cómputo total de horas de prácticas» o si, por el contrario, «se calculan en función de las horas que realizas». Todas estas cuestiones «se hubieran podido matizar si se hubiera escuchado a las universidades», explica Pinent.

La situación de las prácticas extracurriculares también preocupa a la URV. Pinent comenta que la limitación de las horas y el exceso de normativa puede provocar que «las empresas dejen de aceptar becarios por la vía extracurricular». Sílvia Miró, de Pimec, también coincide en esta percepción.

La vicerrectora de la URV también señala el exceso de burocracia que plantea la norma como un problema para las universidades: «estamos muy preocupados», explica. Pinent comenta que ya tuvieron complicaciones cuando entró en vigor la obligatoriedad de que las prácticas cotizaran en la Seguridad Social. «Dedicamos personal exclusivamente para estas cuestiones, además de mucho dinero», afirma Pinent. Nuevamente explica que «compartimos el espíritu y defendemos la medida» pero reitera que estas políticas «deben estar acompañadas con más financiación».

La URV no es la única universidad que muestra estas preocupaciones ante la propuesta del Estatuto del Becario. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) emitió un comunicado después de que el Consejo de Ministros aprobara la norma. Este organismo que representa a los rectores de prácticamente la totalidad de las universidades de España, incluida la URV, coincidió con la perspectiva que aporta Pinent, ya que valoraron positivamente la compensación de gastos, aunque mostraron su preocupación ante los problemas burocráticos que generará y la incertidumbre que puede causar la pérdida de empresas que decidan adoptar a estudiantes en prácticas, sobre todo en el caso de las prácticas extracurriculares.

Pero, ¿cómo deben ser las prácticas no laborables? Todos los agentes educativos y laborales coinciden en que las prácticas en las empresas son una etapa fundamental en la formación de un profesional. Alícia Linares, pedagoga especializada en organización, profesora asociada de la Universitat de Barcelona (UB) y miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor Humà, explica que «las personas necesitan tocar práctica, necesitan aplicar los conceptos de clase en el mundo real». Además, esta experta señala que «tienen un factor profesionalizador, no es exclusivamente formativo».

Linares afirma que las empresas «se deben comprometer y deben ser conscientes de la responsabilidad social que tienen cuando aceptan a un estudiante en prácticas». Esta pedagoga considera que «algunas organizaciones están dando a los becarios tareas que tienen poca relevancia y que no les ayuda en su desarrollo profesional». De hecho, Linares explica que «la regulación puede hacer que las empresas tomen consciencia y actúen».

Por su parte, Montserrat Pinent, vicerrectora de la URV, explica que las universidades «tienen mecanismos de control» y que en el caso de requerirse «se cancelan convenios de prácticas si se detectan irregularidades». No obstante, Pinent considera que «son casos puntuales».

De hecho, la vicerrectora de la URV explica que los estudiantes «suelen estar contentos de su experiencia en las prácticas» y así lo transmiten en las encuestas de satisfacción que tienen que rellenar a final de cada estancia en la empresa, que las universidades utilizan para mejorar la experiencia de los alumnos.

No obstante, Linares pone el énfasis en las expectativas de los estudiantes: «suele ser la primera experiencia en un entorno profesional de aquello a lo que se quieren dedicar y llegan con mucha ilusión». Esta experta comenta que «en muchas ocasiones se crean grandes decepciones por las elevadas expectativas». Esta experta explica que es fundamental acompañar a los alumnos en este periodo para evitar que caigan en la frustración.

También explica que las prácticas pueden servir como una puerta de entrada al mundo laboral. Linares comenta que «las empresas tienen dificultades para encontrar el personal que quieren y las prácticas pueden ser un mecanismo para encontrar este talento». No obstante, pasar de becario a trabajador no es algo que suela suceder porque «las empresas no van sobradas de vacantes», explica esta experta.

En definitiva, las universidades comparten que el espíritu del Estatuto del Becario es el correcto: proteger al estudiante de unas malas praxis formativas. Sin embargo, el hecho de no haber escuchado lo suficiente a esta institución hace que la norma contenga unos puntos desfavorables para la Universidad y para los estudiantes: aumento de la burocracia, del gasto y una situación normativa que desincentiva la participación de las empresas en el proceso de prácticas, cuestión que la patronal Pimec corrobora.

La vicerrectora de la URV, Montserrat Pinent, reflexiona que «con una mayor escucha de la Universidad, se hubiera podido redactar una norma que salvaguardara los derechos de los estudiantes a la vez que asegura la calidad formativa».