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Uno de los grandes logros del gobierno de Felipe González fue acabar con el intervencionismo del Ejército en la vida política española y someterlo al poder civil. Los más mayores todavía recordamos la psicosis de golpe de estado permanente durante los años siguientes a la muerte de Franco, que materializó Tejero con la intentona del 23F. Ese ruido de sables hoy está silenciado. Y hemos pasado de una sociedad que se sabía de memoria el nombre de muchos generales (Milans del Bosch, Armada, Gutiérrez Mellado…), a no conocer el de ninguno. De un ejército ‘salvador de la patria’ que en los últimos dos siglos fue actor principal de cinco guerras civiles, dos dictaduras y numerosos pronunciamientos militares, a otro integrado en la OTAN, dedicado en el exterior a misiones de paz, y en interior a situaciones de emergencia (UME). En suma, de un ejército que generaba suspicacias, a otro profesional que –en palabras del historiador Francisco Gracia– busca un encaje normalizado en la sociedad, como ocurre en Francia y, sobre todo, en Gran Bretaña, donde las fuerzas armadas están imbricadas en la sociedad y son idolatradas.

Algo parecido habría que hacer con la Audiencia Nacional, un poder fáctico cuya existencia, en mi opinión, distorsiona y desmerece nuestro sistema judicial. Por ello, creo que ha llegado el momento de plantear su supresión y pasar sus competencias a los jueces y tribunales ordinarios. Existen poderosas razones.

En primer lugar por su origen. Y no me refiero a su procedencia franquista (la ONCE, la Seguridad Social y muchos de nuestros pantanos también vienen de aquella época y nadie los cuestiona, al contrario), sino que, en realidad, la Audiencia Nacional es sucesora del Tribunal de Orden público, órgano de represión política por antonomasia. El mismo día que se suprimió uno (4-1-1977), se creó la otra. La existencia de ETA fue la principal razón para la continuidad. Y había que combatirla, se nos dijo, con juzgados a distancia (Madrid), pues los del País Vasco estarían sujetos a presiones y extorsiones del mundo etarra. Por fortuna, medio siglo casi después, no hay peligro de lenidad. Y siendo el terrorismo la competencia más genuina de la Audiencia Nacional, desaparecida ETA, no tiene sentido mantenerla. Muerto el perro…

En segundo término porque al Audiencia Nacional altera el principio constitucional del juez natural predeterminado por la ley, o de kilómetro cero, como se diría ahora. El derecho es puro sentido común –salvo la parcela que se reserva el poder para mantenerse en el poder– y suele seguir el curso de la naturaleza de las cosas. ¿Y qué más natural que atribuir la competencia para investigar un delito al juez del lugar donde se ha cometido? Allí suelen estar las pruebas, los testigos, los escenarios, el contexto…

En tercer lugar porque la Audiencia Nacional concentra numerosas e importantes competencias, generalmente muy sensibles (terrorismo, grandes delitos económicos, narcotráfico a gran escala, etc.), lo que genera una jurisdicción excesivamente poderosa. Además, está centralizada en Madrid, cualquiera que sea el lugar donde se ha cometido el delito. En cambio, la dispersión de competencias entre los jueces ordinarios fortalece la independencia y la imparcialidad.

Finalmente, porque la Audiencia Nacional se extralimita de su función principal (interpretar y aplicar las leyes) y tiende a controlar la vida política y ordinaria del país. El resultado es un poder fáctico judicial que bordea la justicia de parte. De aquella parte –claro– que cree que España es su huerto, que controla la Justicia desde atrás y que en la Fiscalía se lo afinan.

Para tomar conciencia de la anomalía, recordar que en ningún país de nuestro entorno existe un tribunal de excepción semejante a la Audiencia Nacional. Ni siquiera en aquellos que también han tenido problemas de terrorismo. Hay estados que adoptan soluciones intermedias (Francia), pero no concentrando los casos en un solo tribunal, especial y centralizado.

Visto lo visto, cerrar la Audiencia Nacional sería un signo de madurez y de calidad democrática.