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Las bonificaciones del 50% del IBI por la instalación de placas solares han disparado las solicitudes y el impacto económico en las finanzas municipales en los últimos años en Reus. Según datos de la concejalía de Hisenda, entre 2023 y 2025 tanto el número de recibos como el importe bonificado se han casi triplicado. Los recibos pasaron de 385 (2023) a 726 (2024) y 918 (2025) y, en consecuencia, las arcas municipales dejaron de ingresar 381.394 euros (2023), 842.510 euros (2024) y 1.034.313 euros (2025). Solo estos tres años suman 2.258.219 euros y la bonificación media por recibo se mantiene en torno a los 1.100 euros. Según explica el concejal de Hisenda, Manel Muñoz, la iniciativa ha beneficiado mayoritariamente a empresas y, por este motivo, en las ordenanzas de 2026 se han aplicado límites para evitar “el enriquecimiento injusto” y frenar que algunos contribuyentes superaran ampliamente el coste de la instalación.

A todo este volumen de datos hay que añadir un contexto relevante. La medida para incentivar las energías renovables empezó a aplicarse en 2020 con una bonificación del IBI durante dos años, pero en 2022 se amplió a cinco. En ninguno de los dos casos existía un límite del importe bonificado. Tal como demuestran los datos, esta circunstancia multiplicó las solicitudes. En 2025 se introdujo por primera vez un límite máximo de 400 euros anuales y, aun así, los registros continuaron al alza.

Paralelamente, se estableció un régimen transitorio para que los contribuyentes que ya se beneficiaban de la bonificación pudieran conservarla siempre que no modificaran las condiciones de la instalación. De cara a 2026, la ordenanza fiscal mantiene el sistema de bonificaciones, pero incorpora un escalado con el objetivo de evitar que el tope de 400 euros se aplique indiscriminadamente a todos los contribuyentes. “Cada vez más gente está instalando placas solares y es positivo como medida para fomentar el autoconsumo, para no depender de la red eléctrica, para promover la energía renovable y la autosuficiencia energética”, defiende Muñoz, que recuerda que los límites aplicados se inspiran en las ordenanzas de Barcelona.

Los grandes beneficiarios y una norma “deficiente”

Ahora bien, siempre hay espacio para matices. Mientras la medida no tenía límite en el importe de la bonificación, el Ayuntamiento de Reus detectó un pequeño grupo de empresas que había obtenido un beneficio muy elevado, “incluso superior al coste de la instalación”, algo que contraviene el espíritu de una ayuda pública. “Hay empresas que se han ahorrado en bonificaciones 30.000, 40.000 o 60.000 euros anuales. Y este no es el objetivo de la norma. El sistema de subvenciones y bonificaciones no puede acabar generando un enriquecimiento injusto”, asegura Muñoz.

El conflicto observado no es exclusivo de Reus. Según apunta el concejal, muchos municipios incorporaron el incentivo “de forma inconsciente”, sin prever el impacto que tendría y, con el tiempo, han visto necesario establecer un límite. “No creo que se diseñara el incentivo para beneficiar a las empresas, ni mucho menos. Lo que sí creo es que, en su momento, la norma se reguló de manera deficiente”, señala. Una vez fijados los topes, los cálculos prevén que se estabilice el número de beneficiarios y que se sumen más particulares que empresas.

En cualquier caso, el gobierno municipal mantiene que las ordenanzas fiscales están vigentes y aprobadas sin alegaciones ni impugnaciones, defiende que la jurisprudencia los avala para cambiar el marco normativo en materia fiscal y recuerda que no existe ningún “derecho adquirido” a mantener una bonificación perpetua. Todo ello en respuesta al malestar de un grupo de vecinos de Reus, a quienes se informó mediante una carta sobre los cambios en las ordenanzas fiscales.