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Un ciudadano belga residente en Catalunya ha asegurado este miércoles en la Audiencia de Barcelona que se sintió “humillado y ofendido” por la actuación de varios agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Aeropuerto de Barcelona-El Prat, al considerar que le exigieron hablar en castellano durante un control de seguridad en diciembre de 2019.
El denunciante, Kris Charlier, de 76 años, ha explicado que los hechos ocurrieron de madrugada cuando se disponía a tomar un vuelo de Ryanair con destino a Bruselas. Durante el control, los vigilantes detectaron que llevaba una bolsa de colostomía a raíz de una operación por cáncer de colon y le pidieron que la mostrara. El pasajero solicitó hacerlo en privado, pero el procedimiento derivó en la intervención de la Guardia Civil.
Según su relato, los agentes le pidieron que se dirigiera a ellos en castellano al no entender el catalán, pese a que él afirmó no dominar esa lengua y ofreció comunicarse en neerlandés, inglés, francés o alemán. Incluso, asegura, le respondieron: “Esto es España y aquí hablamos español”.
Los agentes, con el respaldo de la fiscalía, han negado estas acusaciones y sostienen que en ningún momento le obligaron a hablar en castellano ni actuaron de forma discriminatoria. También han defendido que siguieron el protocolo habitual en este tipo de controles, que incluye inspecciones adicionales en casos de dispositivos médicos como bolsas de colostomía.
Durante el incidente, el pasajero fue conducido a una sala donde se le practicaron nuevos registros y se revisó su equipaje. Además, se le interpusieron dos denuncias por alteración del orden público y desobediencia, que posteriormente fueron archivadas.
El hombre ha asegurado que colaboró en todo momento, pero que la situación le hizo perder su vuelo después de que la tripulación fuera alertada por la policía sobre su comportamiento. “Si hubiera hablado en castellano, todo habría sido normal”, lamentó ante el tribunal.
La acusación particular, con el apoyo de Plataforma per la Llengua, solicita penas de hasta 6 años y 10 meses de prisión por delitos de odio, coacciones y falsedad documental. De forma subsidiaria, plantea condenas menores por vulneración de derechos fundamentales.
El juicio ha puesto sobre la mesa el uso de las lenguas oficiales en actuaciones policiales, en un caso en el que las versiones de las partes difieren de forma sustancial.