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Las jubilaciones anticipadas, las licencias de edad, quedan definitivamente olvidadas en el Ajuntament de Tarragona. El pleno municipal de este próximo lunes desbloqueará los últimos 132.000 euros para indemnizar a los cuatro funcionarios que habían quedado «atrapados» por la anulación de este tipo de pagos por parte del Tribunal Supremo.

Entre 2015 y 2021, el Ajuntament de Tarragona abonó 3,8 millones de euros a trabajadores de entre 62 y 64 años que, tras 35 de servicio, decidían retirarse de forma anticipada. Los trabajadores se acogían a este punto del convenio laboral, que pretendía compensar a los funcionarios hasta con 40.000 euros por las penalizaciones que el Estado imponía por dejar la actividad antes de los 65 años.

Así, las liquidaciones del presupuesto municipal evidencian que en años como 2016 o 2018 el gasto que el Ayuntamiento destinó a esta partida fue de entre 761.000 y 831.000 euros. En seis años, fueron 75 los empleados que se acogieron a una medida que, como punto destacado, abría la puerta a rejuvenecer una plantilla con una media de edad que hace una década era bastante superior a los 50 años.

Punto de inflexión del Supremo

En marzo del 2022, el Tribunal Supremo anuló este tipo de pagos, al considerar que no tenían «cobertura legal». Tras esta sentencia, y después de varias indagaciones jurídicas, el consistorio suprimió por imperativo legal este tipo de retribuciones por jubilación anticipada. ¿Qué pasó, sin embargo, con los trabajadores que las habían solicitado o que las tenían en curso, a la espera de resolución?

Los que ya las habían cobrado antes de la resolución del alto tribunal estatal no tuvieron ningún problema: eran válidas cuando las pidieron y las ingresaron, por lo que la sentencia no les afectó de ninguna forma.

Quienes sí que se vieron perjudicados fueron tres casos. Los que tramitaron la jubilación anticipada después de la decisión del Supremo; los que la habían pedido antes de la sentencia pero la habían fraccionado en dos pagos y les quedaba uno por abonar; y los que la tramitaron antes de la sentencia pero que en el momento en el que el Tribunal Supremo se mojó no la tenían aprobada.

En el primer caso, los solicitantes vieron rechazada su petición, pero en los otros dos casos quedaron cuatro casos pendientes por resolver. Así, durante los últimos meses el área de Recursos Humans ha buscado alternativas, hasta plantear un vía: la responsabilidad patrimonial «por un funcionamiento anómalo de la administración», según recalca la concejal de Serveis Interns, Isabel Mascaró (PSC).

La edil destaca la «opción pionera» ideada «de oficio» por los técnicos municipales, al considerar «injusto» que se «cambiarán las reglas del juego a medio partido». La propuesta fue enviada a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que ha dado el OK para compensar a los cuatro funcionarios y finiquitar definitivamente las licencias de edad en la Plaça de la Font.