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Selma, doctora de profesión, se estableció en Reus en el año 2018 junto a su marido catalán. Hasta entonces habían residido en Argelia, país de origen de la doctora, especializada en microbiología. En 2022 presentó toda la documentación para homologar su titulación y poder ejercer en el Estado. Al año siguiente obtuvo la nacionalidad española. Desde entonces, sin embargo, vive atrapada en un laberinto administrativo. Con más de diez años de experiencia profesional, se había graduado en una de las universidades públicas de mayor prestigio de su país, donde dirigía un laboratorio clínico.

Su caso no es un hecho aislado. Miles de profesionales cualificados esperan durante años la resolución de los expedientes de homologación de sus títulos. En el ámbito personal, Selma admite que la situación le está pasando factura en la salud y ha supuesto un frenazo en seco de su trayectoria profesional. «Hay días que se te cae el mundo encima y no ves la luz al final del túnel», explica, pidiendo preservar parte de su anonimato.

El organismo responsable de estos procesos es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que no ha dado respuesta a las consultas del Diari. Por su parte, fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat señalan que el Ministerio ha introducido mejoras en la gestión digital de los expedientes y en la agilización de los procedimientos «para afrontar el aumento de solicitudes de los últimos años», una valoración que comparte el Departamento de Investigación y Universidades.

Desde el sindicato Metges de Catalunya defienden que es necesario agilizar los procesos de homologación, «siempre garantizando que la formación y la experiencia sean equiparables a las de los profesionales formados aquí», y que también se acredite el conocimiento de la lengua catalana. Por su parte, desde el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona indican que solo pueden tramitar la colegiación de profesionales que disponen del título «debidamente homologado» y apuntan que el sistema sanitario sufre un «déficit en determinadas especialidades».

Si volvemos a la cronología de los hechos, la pandemia del covid-19 empujó a Selma a cerrar su laboratorio, con ocho biólogos a su cargo. Entonces decidió establecerse definitivamente en la capital del Baix Camp tras unos años a caballo entre Catalunya y Argelia. Antes de iniciar la convalidación del título completó toda la documentación necesaria, como el B2 de castellano o la traducción oficial de su titulación. Además, habla con fluidez tanto catalán como castellano. En abril de 2022 entregó toda la documentación en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

A partir de ahí comenzó una espera que ya se alarga casi cuatro años. Durante los dos primeros, el expediente no registró ningún movimiento en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia. «No entendía nada, estaba desconcertada», recuerda Selma. No tenía ninguna referencia sobre el funcionamiento del procedimiento y en ningún caso imaginaba que sería un proceso tan complejo.

Primera notificación: el año 2024

No fue hasta enero de 2024 —casi dos años después— cuando recibió la primera notificación: el expediente había sido registrado en la plataforma y comenzaba la revisión formal de la documentación. A partir de ahí, el procedimiento avanzó por diversas fases, como la validación de la documentación, el pago de tasas y la comprobación de los requisitos obligatorios.

En julio de ese mismo año recibió un mensaje que parecía abrir una puerta de esperanza: la documentación era correcta y el expediente se trasladaba al órgano encargado de evaluar los títulos de Medicina. Esta es la fase final de la valoración del expediente. Desde entonces, sin embargo, el estado no se ha vuelto a modificar. Los intentos de Selma por contactar con la administración han sido constantes y sin resultado. Solo ha recibido respuestas genéricas, sin ninguna explicación concreta.

«Me siento desamparada: no hay transparencia y nadie asume responsabilidades. Solo pido comunicación, saber cuándo se tramitará mi expediente y cuántas personas tengo por delante en la cola», explica. Selma insiste en que «no busca culpables», sino atención y transparencia, y reconoce que los funcionarios del Estado «están saturados y no tienen capacidad de decisión».

El Ministerio de Ciencia habilitó un sistema de citas telefónicas para que los aspirantes a la homologación pudieran consultar el estado de su expediente. Las citas suelen publicarse a principios de semana y solo para los días inmediatamente posteriores. Pero, según relata, se agotan en cuestión de minutos. «Sea la hora que sea a la que entres, ya están todas ocupadas», lamenta Selma.

En medio de esta desesperación ha acabado emergiendo un mercado negro de citas telefónicas con el Ministerio, que se revenden por importes que oscilan entre los 60 y los 120 euros. Se trata de un servicio gratuito que, en la práctica, casi nunca está disponible. «Es gente que hace negocio con la desgracia», denuncia Selma, que admite haber estado a punto de pagar ante la impotencia.

Más allá de la burocracia, el bloqueo tiene consecuencias personales. Selma lleva casi cuatro años sin poder ejercer su profesión. «La nuestra es una profesión práctica, de laboratorio. Ves que estás perdiendo experiencia y que estás perdiendo el futuro», denuncia.

La angustia también es económica. Antes de la pandemia, los ingresos de su laboratorio le permitían una situación estable. Ahora, admite, la incertidumbre es constante. Y todavía queda otro obstáculo: la homologación actual solo corresponde al título de Medicina general. Una vez resuelta, debería iniciar un segundo proceso para reconocer su especialidad en microbiología.