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Un automovilista en San Sebastián paga un 51% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid o un 161% más que uno domiciliado en Tenerife. Pero si se compara con un conductor empadronado en alguno de los 25 paraísos fiscales, dos de ellos en Tarragona, que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900%.
Es una de las conclusiones del estudio elaborado y publicado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que desgrana las diferencias de fiscalidad que hay en los municipios en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la existencia de esos paraísos fiscales.
Entre el listado de esas poblaciones privilegiadas figuran dos de la provincia de Tarragona, ambas en el Alt Camp: Bràfim y Figuerola del Camp, donde centenares de coches se matriculan cada año, a pesar de que son pueblos muy pequeños.
En Catalunya, el pueblo que más destaca es Aguilar de Segarra, en Barcelona. Con un censo de 292 personas, solo en 2025 se matricularon 6.403 vehículos.
Un reclamo para las empresas
La casuística, eso sí, prolifera por todo el país. Hay diez municipios españoles (Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Gran Canaria) –con una población de entre 600 y 15.000 habitantes– en los que se matriculan aproximadamente el 35% del total de coches de empresa de toda España por su tratamiento fiscal. Es decir, 244.921 turismos sobre un total nacional 694.559 unidades.
Especialmente llamativo es el caso de La Hiruela, en Madrid. Cada uno de sus 88 habitantes tiene, de media, 70 vehículos. Ahí se paga siete veces menos que en Madrid capital. En ese núcleo, cada uno de sus vecinos habría comprado, en concreto, 69,61 vehículos solo durante el año pasado.
En su trabajo, la AEA señala que "la facultad discrecional de los ayuntamientos ha posibilitado que se desvirtúe la finalidad del sistema tributario local y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos paraísos fiscales en relación con el pago de un impuesto al que están obligados cerca de 38 millones de contribuyentes".