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El Ajuntament de Tarragona liquida una deuda histórica y ya mira al futuro, en forma de vivienda a precio asequible. Según confirma al Diari el presidente del Servei Municipal de l’Habitatge, Nacho García (PSC), el consejo de administración del pasado jueves avaló amortizar anticipadamente el préstamo por la construcción de la Escola Oficial d’Idiomes (EOI), una circunstancia que, junto al acuerdo con el Govern por el alquiler de la Chartreuse, permitirá impulsar la construcción de hasta 90 pisos de alquiler de renta moderada en la Vall de l’Arrabassada y la Part Baixa.

En la reunión del órgano de dirección de Smhausa de la pasada semana se avaló abonar los 104.479 euros que faltan por cerrar el crédito, que se concertó en 2011 con el BBVA por 6,5 millones de euros para reformar la antigua fábrica de licores del Port.

Convenio, polémica y... acuerdo

Hasta 2009, la ubicación de la EOI llevaba más de una década dando vueltas, con opciones sobre la mesa como la Tabacalera, el Complex Educatiu, la Vall de l’Arrabassada, la zona de los Quatre Garrofers, el Institut Martí i Franquès o en el entorno del Hospital Joan XXII. Finalmente, la opción escogida fue la antigua Chartreuse.

El acuerdo para que la Escola Oficial d’Idiomes se ubicara en la Part Baixa se concretó hace 16 años, con Josep Fèlix Ballesteros (PSC) como alcalde de Tarragona y José Montilla como President de la Generalitat de Catalunya. El pacto se firmó el 29 de junio del 2009, mediante un convenio que establecía que Smhausa solicitaba la financiación de la obra, con un posterior alquiler durante 33 años mediante el cual la Generalitat abonaría el coste de la operación, a raíz del pago de 33.783 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 405.397 al año, hasta 2043.

Para hacer posible la operación, se acordó la cesión del derecho de superficie de la finca en favor del consistorio, con la condición de que, una vez ejecutado el contrato, el inmueble y el solar volvieran a manos del Govern, que ya habría pagado la totalidad de las actuaciones, que ascenderían a 12,3 millones de euros: 6,5 millones de euros en obras y 5,7 en intereses.

Sin embargo, en 2021 llegaron los problemas. En dicho acuerdo se especificaba que a partir del octavo año de vigencia la Generalitat «podrá abonar el coste de las construcciones, descontando el pago del alquiler». Por ello, el 29 de septiembre de 2021 la Direcció General de Patrimoni envió una carta solicitando los pagos realizados para ejecutar la cancelación adelantada de la operación. Desde el envío de la misiva, el Govern dejó de abonar el alquiler.

Tras los impagos, el ayuntamiento presentó en mayo de 2024 una demanda por vía judicial, solicitando el abono de más de 1,2 millones de euros en arrendamientos. A partir de ese momento se intensificaron las negociaciones, que finalmente derivaron en un acuerdo a mediados de este 2025 que establece el pago de 5,9 millones de euros por parte de la Generalitat, que todavía no se ha materializado. «Estamos pendientes de ir al notario», indica Nacho García, quien calcula que el ingreso será una realidad entre finales del 2025 y principios del 2026.

El inminente cobro de los 5,9 millones se sumará a los 3,2 que Smhausa ha ejecutado este 2025 tras la venta de un solar en la Vall de l’Arrabassada. Estos 9,1 millones se invertirán íntegramente para impulsar la construcción de dos edificios que se destinarán al alquiler a precio asequible: uno en la Vall de l’Arrabassada y otro en la calle Floresvi Garreta.

Según los cálculos municipales, la previsión es que en Llevant se puedan habilitar hasta 65 pisos, por los 25 de la Part Baixa, sumando un montante global de 90 viviendas. «Es la mayor inversión que se ha hecho nunca con recursos propios para vivienda asequible», destaca el presidente del Servei Municipal de l’Habitatge.

De momento, es seguro que 7,2 de los 9,1 millones se financiarán mediante la venta del solar de la Arrabassada –por 3,2 millones– y el pacto de 5,9 millones con la Generalitat por la EOI. Los otros 1,9 serán para l’Arrabassada o Floresvi Garreta «en función del coste final», detalla García.

La operación de nueve millones confirma que este será el mandato de la vivienda en Tarragona. «Estamos contentos, hemos logrado cambiar la tendencia», indica el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, quien tras firmar con el PSC un pacto de 9 millones para 2025, recientemente acordó otro de 7,2 para los presupuestos municipales del próximo año.

«El 30% del crédito municipal desde 2023 se habrá destinado a vivienda», recalca el líder de la formación progresista, quien se muestra convencido de que «con 350 nuevos pisos a final de mandato ya podremos intervenir en el mercado». Tarragona apuesta por construir edificios para destinarlos a alquiler moderado y hacer frente a la gran pandemia de la actualidad: la fuga de familias que no pueden pagar precios de otra galaxia.