Categoría
Economía
Antetítulo
Tribunales
Título
El juez del ‘caso Montoro’ pide desde Tarragona toda la información bancaria del exministro y su entorno
Subtítulo
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Rubén Rus, ha autorizado a los Mossos a acceder al Fichero de Titularidades Financieras para conocer todos los productos bancarios asociados a los investigados
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Diari de Tarragona
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El juez de Tarragona que investiga el denominado ‘caso Montoro’ ha solicitado la información bancaria completa del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y de una veintena de personas físicas y jurídicas vinculadas a su antiguo despacho, Equipo Económico, según ha publicado El País.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a acceder al Fichero de Titularidades Financieras para conocer todos los productos bancarios asociados a los investigados. El magistrado insiste en que esta información lleva años siendo reclamada sin haberse completado.

La decisión se produce tras un informe de la Agencia Tributaria que apunta a una posible “arquitectura financiera” con mezcla y dispersión de fondos a través de diversas cuentas y personas, que habría servido para canalizar pagos procedentes de empresas gasistas. Hacienda detectó ingresos por valor de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013, cuyo origen y finalidad aún se trata de esclarecer.

El juez pone el foco en la fragmentación de pagos y en transferencias a exsocios y familiares, que considera llamativas por haberse realizado cuando ya no formaban parte del despacho y por no guardar coherencia con los porcentajes de participación.

En el caso de Montoro, la Agencia Tributaria detectó siete transferencias recibidas entre marzo de 2007 y febrero de 2008 por un total de 137.358,16 euros, además de otros pagos atribuidos a su entorno familiar.

Por su parte, Equipo Económico ha recurrido la decisión judicial al considerar que supone una investigación “desproporcionada” y que pretende prolongar la instrucción de forma artificial. El despacho sostiene que ya existe un informe previo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no detectó movimientos sospechosos y critica que se solicite información de periodos muy anteriores a los hechos investigados.