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La pequeña y mediana empresa es el corazón económico y social de Europa. En la Unión Europea existen unas 26 millones de pymes, que representan el 99% del total de las empresas. En Catalunya aportan más del 66% del empleo y el 60,4% del valor añadido bruto. Las pymes también representan cohesión territorial y una red de oportunidades que mantiene vivo el tejido productivo. Por ello, cada regulación que afecta a las pymes debe analizarse con sensibilidad y realismo, especialmente en un contexto de transformación digital acelerada. La decisión del Consejo de Ministros de aplazar a 2026 la entrada en vigor del sistema de facturación digital Verifactu puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, supone una oportunidad para que las empresas dispongan de más tiempo para adaptarse a un modelo tecnológico que exige inversión, formación y cambios en procesos cotidianos. Por otro, pone de manifiesto la necesidad apremiante de que la Administración acompañe de forma más efectiva a quienes más lo necesitan. La digitalización no puede convertirse en un obstáculo ni en una barrera burocrática adicional. La patronal Pimec estima que las pymes catalanas dedican 41,1 horas mensuales de media a trámites con la administración. La mayoría considera que hay una regulación excesiva y poco eficiente, que degrada su capacidad de crecimiento. A veces de forma absurda: según Pimec, la administración ya tiene siete de cada diez documentos que pide a las empresas para hacer un trámite. Así que si la transición al nuevo sistema de facturación quiere ser justa, es esencial que se refuercen los programas de apoyo: ayudas económicas transparentes, asesoramiento cercano, plataformas intuitivas y una comunicación clara que evite confusiones o inseguridades. Exigir más control y trazabilidad fiscal es legítimo, pero solo será sostenible si se garantiza que las pymes cuentan con herramientas proporcionales a sus capacidades. El aplazamiento del Verifactu, bien gestionado, puede ser punto de inflexión para revisar lo que no funciona, simplificar lo complejo y asegurar que la digitalización avanza al ritmo del país real. La modernización debe ser una aliada, no una carga. Para lograrlo, las pymes necesitan acompañamiento, escucha y estabilidad regulatoria.