Categoría
Antetítulo
Título
Subtítulo
Autores
Imagen Principal
Artículo
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afronta una crisis política tras la contundente derrota en el referéndum sobre su reforma judicial, que ha provocado la dimisión de una ministra y de dos altos cargos de su Ejecutivo.
El fracaso en la consulta popular, impulsada para modificar aspectos clave de la magistratura, sorprendió tanto a la mandataria como a su partido, los ultraderechistas Hermanos de Italia, y generó la euforia de la oposición de centro-izquierda, que celebró su triunfo como un golpe a la agenda de Meloni.
Dimisiones y responsabilidades
El martes por la tarde, Andrea Delmastro, subsecretario del Ministerio de Justicia, y Giusi Bartolozzi, jefa de Gabinete, presentaron su dimisión. Delmastro, antiguo aliado de Meloni, ha estado envuelto en polémicas, incluyendo la revelación de secretos sobre un preso anarquista y su relación empresarial con familiares de un conocido mafioso.
Bartolozzi, de Forza Italia, fue criticada por comparar a los jueces con un “pelotón de fusilamiento” y está bajo investigación por la liberación de un criminal libio en un avión del Estado italiano.
Además, Meloni pidió públicamente la dimisión de Daniela Santanchè, ministra de Turismo y veterana de su partido. Inicialmente reacia a dejar el cargo, Santanchè cedió tras horas de presión, enviando una carta abierta en la que expresó su “amargura” y defendió su historial “impoluto”, aclarando que su renuncia no estaba vinculada al resultado del referéndum.
Con la salida de Santanchè, se desactiva la moción de censura que la oposición, formada por el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas, había preparado para la próxima semana. La dimisión evita que el partido de Meloni se viera obligado a votar junto a sus adversarios en un escenario político italiano ya de por sí impredecible.
Meloni, que se encontraba de viaje en Argelia buscando acuerdos energéticos, no ha detallado públicamente las razones de su petición de renuncia a la ministra, pero la operación consolida su control sobre el Ejecutivo a menos de dos años de la finalización de la legislatura en 2027.