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La polémica está servida en el Ayuntamiento de Salou. Dos de los tres grupos del gobierno municipal, Sumem per Salou-PSC y Ara Pacte Local –sin el tercer socio, ERC–, han reclamado a la concejal Cristina Berrio que renuncie a su acta de regidora. Las formaciones encabezadas por Pere Granados y Marc Montagut le recriminan haber difundido «reiteradas falsedades y acusaciones», a raíz de la polémica por los supuestos títulos falsos que sobrevuela a los políticos del Ayuntamiento desde hace meses. Berrio, que llegó al gobierno de Salou en 2023 y gestionaba las áreas de Servicios Sociales, Salud Pública y Ocupación, se encuentra de baja médica desde agosto del año pasado y sus competencias las asumen desde entonces otros concejales del equipo de gobierno.

A través de un comunicado, ambos partidos sostienen que Berrio no ha podido acreditar ser educadora infantil, tal y como indicaba en su currículum público (en la versión actualizada en la web municipal consta una FPI de Jardines de Infancia), y la acusan de actuar «con irresponsabilidad y de manera imprudente, excusándose con acusaciones falsas que la desacreditan para seguir como cargo público». En este sentido, consideran especialmente grave que la concejal «acusó al Ayuntamiento de haberle bloqueado el correo corporativo» como motivo por el que no habría justificado antes sus titulaciones.

Mientras, la federación del PSC en el Camp de Tarragona ha respondido a través de otro comunicado en donde se posiciona del lado de Cristina Berrio y apela al compromiso de seguir trabajando con el gobierno de Salou «desde la responsabilidad, la lealtad institucional y el respeto mutuo». Asimismo, el partido le ha trasladado a la edil que no entregue su acta y se emplaza a mantener una reunión con el alcalde, Pere Granados, y con los órganos internos de la formación para abordar la polémica en los próximos días. En este sentido, los socialistas creen que «la decisión ha sido precipitada», piden rigor y serenidad y alertan de que estas situaciones «pueden afectar a la credibilidad institucional y personal».

Por otro lado, el PSC defiende «el principio de igualdad de trato» y señala de forma implícita a otros concejales del gobierno de Salou que también tienen titulaciones sin acreditar en sus currículums públicos. «Situaciones similares deben ser abordadas con los mismos criterios para todos los miembros del consistorio», reclama.