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Una mujer que ocupó un piso del centro de Tarragona lo tendrá que desalojar por orden judicial. Ella decía que lo había alquilado a un marroquí por 1.200 euros. Ahora, tendrá que abandonarlo y pagar una multa de 270 euros como autora de un delito leve de usurpación de inmueble.

Así lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, que ratifica la pena impuesta inicialmente por el Juzgado de Instrucción 4 de Tarragona.

Durante el año pasado, la acusada estaba ocupando, en contra de la voluntad del titular de la vivienda, una situada en la calle Hernández Sanahuja. Dicho piso se encontraba desocupado a fin de realizar obras de reforma de la cocina. Si bien contaba con suministro de luz y agua, no estaba en condiciones de habitabilidad por estar la cocina desmantelada a la espera de iniciar los trabajos de reforma.

El 8 de mayo de 2025, el administrador encargado de la gestión de la vivienda acudió a la misma. Se percató de que una de las cerraduras estaba inutilizada y la otra, cambiada. Le abrió la acusada, que le manifestó que una persona marroquí –a quien no pudo identificar– le permitió residir en la vivienda a cambio de 1.200 euros. Le explicó que el piso era de su abuela, a la que tampoco pudo identificar.

La encausada no acreditó el pago de los 12.000 euros a los que hacía referencia, ni de los 200 que supuestamente pagó por el consumo de agua y luz.