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Irán vuelve a situarse en el epicentro de la atención internacional. La asfixiante crisis económica que golpea al país, marcada por el desplome histórico del rial iraní y una inflación persistente, ha empujado a decenas de miles de iraníes a las calles. El descontento popular, cada vez más amplio y transversal, señala directamente al régimen de los ayatolás, acusado de incapacidad para atajar problemas que se agravan a ojos vista.

Los comerciantes y propietarios de tiendas de Teherán fueron los primeros en alzar la voz, incapaces de reponer mercancías básicas debido a la devaluación de la moneda, que ha alcanzado un mínimo histórico y que ha provocado la imposibilidad de adquirir los bienes más básicos. De esta manera, lo que se originó como una crítica a la mala gestión económica, se ha convertido una ola de protestas que supone un nuevo desafío para el régimen.

Las manifestaciones recuerdan, por intensidad y extensión geográfica, a las de septiembre de 2022, tras el asesinato de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar el velo correctamente. En aquella ocasión, las protestas también fueron reprimidas con violencia, ejecuciones y miles de detenciones. El jueves por la noche, el régimen iraní, ante la magnitud de las manifestaciones, decidió cortar internet y las líneas telefónicas. Las protestas también trascienden la realidad multiétnica de Irán. Así, las marchas se han extendido a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias del país.

A pesar de las multitudinarias protestas y las imágenes de descontrol en las calles, es importante mencionar que el régimen iraní mantiene una base social que apoya la línea más conservadora, como quedó reflejado en las últimas elecciones presidenciales, donde el candidato ultra conservador Jalili, pese a no ganar los comicios, obtuvo cerca de 13 millones de votos. Aún así, la situación para el régimen se pronostica complicada. La ola de protestas que atraviesa Irán es sintomática del descontento de una sociedad exhausta con un régimen que va acumulando problemas mientras se afianza la percepción de que el modelo actual no tiene futuro.

Mover la capital

La gestión hídrica y el estado de las reservas de agua es, seguramente, la mayor amenaza para un país que lleva décadas sin planificar un modelo hídrico y donde no se han tomado las decisiones con criterios técnicos. El cambio climático y la mala gestión de las autoridades ha provocado una situación insostenible. El resultado: Irán puede convertirse en el país con más refugiados climáticos y su presidente, Masoud Pezeshkian, ya expuso públicamente el pasado mes de noviembre la posibilidad de empezar a evacuar Teherán, una megalópolis de 10 millones de personas y trasladar la capital a la región costera de Makran, en el sureste del país. 

Las autoridades advirtieron que, sin una reducción significativa del consumo y si se mantenía el escaso régimen de precipitaciones, en cuestión de semanas, algunas zonas de la capital podrían enfrentarse al «día cero»: el momento en que se cierren los grifos de los hogares y el agua se distribuya mediante camiones cisterna. Además, la capital se asienta sobre acuíferos secos, lo que está provocando el hundimiento del terreno.

Y es que el país persa afronta una crisis hídrica sin precedentes en su sexto año consecutivo de sequía severa. Tras décadas de gestión inadecuada, el cambio climático y la presión demográfica, la disponibilidad de agua dulce se ha desplomado hasta niveles que amenazan la estabilidad económica y social del país. 

Durante buena parte del siglo XX, Irán contaba con abundantes reservas subterráneas y caudales. Sin embargo, desde los años noventa el país ha sobreexplotado de forma sistemática sus acuíferos para alimentar un modelo de agricultura y expansión urbana donde las decisiones no han sido tomadas con criterios técnicos ni se han adaptado a una realidad global que nos afecta a todos: el cambio climático. Hoy, según estimaciones, más del 60% de los acuíferos están agotados o en situación crítica.

A esta situación se suma un error estratégico de décadas: la construcción masiva de presas para retener agua en un territorio cada vez más seco. Muchos de esos embalses están hoy casi vacíos y han contribuido a la desaparición de ríos, humedales y ecosistemas enteros.

La crisis hídrica y económica es un factor de tensión social de primer orden. Tierras agrícolas, antaño fértiles, se han convertido en suelos áridos y la falta de agua amenaza con desatar conflictos locales por los escasos recursos. Con las calles encendidas y los grifos al borde del desabastecimiento, el país se enfrenta a una intersección histórica: reformar su modelo de gestión o encarar la posibilidad de un éxodo interno masivo.