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Los Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde este lunes al reglamento sobre retornos, que contempla la creación de centros de deportación fuera de la UE para migrantes con órdenes de expulsión, al estilo del sistema impulsado por el gobierno de Italia de Giorgia Meloni en Albania. Concretamente, la normativa permitirá que los Estados cierren acuerdos con terceros países para establecer estos centros, bajo la condición de que el país extracomunitario "respete las normas internacionales sobre derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución". La iniciativa ha sido aprobada con el voto a favor de una mayoría de Estados miembros. España ha votado en contra.

El reglamento sobre retornos es una de las patas del Pacto de Migración y Asilo de la UE que faltaba por acordar y recoge una serie de medidas con las que el bloque comunitario busca aumentar y acelerar las expulsiones de personas en situación irregular o solicitantes de asilo a quienes se les ha denegado la petición. La Comisión Europea hizo pública su propuesta legislativa el pasado mes de marzo. Una vez que los Estados miembros han dado su visto bueno al reglamento este lunes, ahora deberán negociar el texto con el Parlamento Europeo para que pueda ser adoptado formalmente.

A su llegada a la reunión, el ministro del Interior del gobierno español, Fernando Grande-Marlaska, adelantó que España votaría en contra de la normativa, argumentando que genera "muchas dudas" en materia de derecho internacional humanitario. "Hay muchas cosas sobre las que se puede negociar y llegar a acuerdos, pero en cuestiones de valores, esto creo que es una línea roja para nosotros", señaló. Según el ministro español, la decisión tomada este lunes en la reunión de ministros de Interior en Bruselas "es prematura". "Creemos que la cuestión principal es si esta norma va en la línea del derecho internacional humanitario, para nosotros hay muchos dudas", indicó.

Por otro lado, el ministro de Inmigración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, quien ha liderado las negociaciones sobre el reglamento de retornos (ya que el gobierno danés ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE), celebró el acuerdo entre los socios europeos y aseguró que las medidas que recoge la nueva normativa permitirán "contribuir" a frenar las llegadas de migrantes a la UE. "Tres de cada cuatro migrantes irregulares a quienes la UE ha emitido una decisión de retorno siguen quedándose aquí en lugar de volver a su país", subrayó Stoklund.

Aparte de la posibilidad de cerrar acuerdos con terceros países para crear centros de deportación, la normativa también introduce nuevas obligaciones para los inmigrantes en situación irregular, a fin de que cumplan con la obligación de abandonar el territorio comunitario y cooperen con las autoridades. Entre estas obligaciones están el mantenerse localizables, proporcionar un documento de identidad o de viaje, o facilitar sus datos biométricos. Además, introduce la posibilidad de que los Estados miembros puedan denegar o reducir determinadas ayudas o prestaciones, retirar permisos de trabajo o imponer sanciones penales que incluirían órdenes de prisión.

El reglamento también establece "medidas especiales" para las personas que constituyan "un riesgo para la seguridad". En estos casos, podrán recibir una prohibición de entrada que supere el máximo habitual de diez años, o incluso una prohibición de entrada indefinida. Según el texto adoptado, los Estados miembros también podrán detener a las personas en situación irregular, y esa detención podría durar "más tiempo de lo previsto habitualmente".

El reglamento de retornos también establece una Orden Europea de Retorno (ERO, por sus siglas en inglés) que pretende complementar las decisiones de deportación propias de cada Estado miembro y, a su vez, "reconocer" estas decisiones entre socios europeos. Se trata de un documento en el que los Estados miembros deberán incluir los elementos esenciales de la decisión de retorno e introducirlo en el sistema de información de Schengen, para que pueda ser compartido con el resto de socios europeos. "Esto facilitará el reconocimiento mutuo, ya que los Estados tendrán la información necesaria para reconocer la decisión de otro Estado. Si una persona con una orden de salida de la UE se desplaza a otro Estado miembro, ese Estado podrá ejecutar directamente la decisión inicial basada en el ERO", detalló el Consejo de la UE en un comunicado.

Sin embargo, por ahora, el reconocimiento mutuo no será obligatorio. Dos años después de la entrada en vigor del reglamento, la Comisión Europea presentará una evaluación de su funcionamiento y, si lo considera, presentará una propuesta legislativa para hacerlo obligatorio para todos los Estados miembros.