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La problemática de la okupación en España ha dejado de ser un asunto marginal para convertirse en una preocupación social de primer orden. No hablamos de familias verdaderamente vulnerables que requieren protección y alternativas habitacionales dignas. Hablamos, más bien, de miles de personas que se aprovechan de una legislación pensada para proteger al más débil, convirtiéndola en un escudo para la impunidad. El caso que hoy recoge el Diari es especialmente esclarecedor: demuestra cómo un sistema que debería garantizar seguridad jurídica acaba, en ocasiones, castigando al propietario legítimo y premiando comportamientos abusivos. Resulta incomprensible que entidades bancarias y administraciones públicas puedan encadenar errores tan graves sin asumir responsabilidades reales ni ofrecer soluciones efectivas. España necesita una legislación diferente, más clara y eficaz. Un marco legal que proteja al vulnerable, pero que también impida que la picaresca y el incumplimiento de la ley se conviertan en norma. La okupación ilegal debe afrontarse con determinación para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el derecho a la propiedad.

Al mismo tiempo, es imprescindible reforzar la ayuda pública, la financiación y las políticas de vivienda destinadas a quienes de verdad no pueden acceder a un hogar digno. Seguridad jurídica y justicia social no son incompatibles; solo requieren voluntad política y una gestión responsable. Si hemos sido capaces de crear una Agencia Tributaria de nivel excelente con inspectores capaces de detectar cualquier fallo y cualquier error, ¿por qué no puede la administración poner el mismo celo en evitar que la okupación se transforme en una epidemia social? Sabemos que el populismo cabalga a lomos de la impunidad contra los delitos que más se reiteran, los hurtos -sin duda- pero también esa lacra que es la impunidad de los okupas. Al final, nadie va a pagar el alquiler... ¿para qué si no pasa nada? Parece irresponsable, pero sin responsabilidad pública, sin control y sin una legislación adecuada, la impunidad seguirá erosionando la confianza en nuestro sistema.