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En 2022, la reusense Ana Tapias quería comprar un piso en propiedad. Había vivido cinco años en Vilafortuny y el alquiler se había encarecido. Se topó con el anuncio de un piso que encajaba con todo lo que necesitaba porque, entre otras cosas, también debían vivir allí sus padres, que ya no podían valerse por sí mismos. Aparentemente, el piso era propiedad de la gestora inmobiliaria Solvia y previamente había estado ocupado. Concertó una visita como cualquier otra —a través de la inmobiliaria Casa 10— y no dudó. Ese mismo día se comprometió a hacer la paga y señal y a tramitar la hipoteca. En julio de ese año firmó la escritura ante notario y, con las llaves en la mano, entró en lo que debía ser su nuevo domicilio. O, mejor dicho, en lo que ella creía que era su domicilio.

Así fue durante año y medio. De un día para otro, sin embargo, recibió una orden de desahucio. En realidad, Solvia era gestora del inmueble de al lado, que estaba ocupado por un individuo que a día de hoy aún no se ha marchado. Sin saberlo, Tapias ha estado pagando la hipoteca de ese piso vecino durante tres años. De hecho, el nombre de Ana figura en el catastro. La clave de todo ello es tan inverosímil como rocambolesca: Solvia inició un procedimiento para recuperar un piso ocupado de su cartera y acabó desahuciando el piso equivocado, también ocupado. Es esa vivienda —que en realidad es propiedad del fondo de inversión Gramina Homes— la que Ana Tapias ve anunciada, visita y compra. Ahora, la propiedad legítima quiere que la reusense abandone la vivienda.

Tapias vive actualmente con su hijo de 20 años y convive con el miedo de acabar en la calle. Afortunadamente, su abogado, José Carlos Ramírez, consiguió suspender la orden de desahucio recibida en abril de 2024 y desde entonces están pendientes de que el tribunal se pronuncie sobre la titularidad del piso. «Tengo miedo de que me echen antes de que todo esto se solucione, estoy desesperada. El problema es que yo pagué por el piso donde vivo. Me han estafado y alguien tiene que darme una solución», señala Ana Tapias al Diari.

La alternativa más plausible es el piso que le corresponde por escritura, pero el hombre que vive allí ilegalmente ya le ha advertido de que no se marchará hasta que sea expulsado. Ni siquiera ha permitido que Tapias pueda comprobar su estado. «Le he llegado a ofrecer dinero para que se vaya, pero dice que es poco», expresa. Es un 'okupa' profesional. Trabaja en el juzgado como auxiliar de seguridad y está muy bien ‘asesorado’. La diferencia es abismal: el piso donde vive tiene una superficie de 125 m², mientras que el vecino tiene casi la mitad —70 m²— y es interior, sin terraza.

La raíz de la confusión

El origen del conflicto está relacionado con un cambio de numeración en las puertas del bloque. Años atrás, el inmueble que habita Tapias habían sido dos pisos independientes, hasta que un propietario los fusionó en uno solo. Entonces figuraba como 6.º 3.ª y hoy corresponde al Ático 1.º/4º. El contiguo—el que consta a su nombre en la escritura— era el 6.º 2.ª y ahora aparece como Ático 3.º. Todo apunta a que, cuando Solvia pidió la orden de lanzamiento para recuperar su inmueble ocupado, se guió por esta numeración antigua. Esto habría hecho que confundieran la puerta tres actual (Ático 3.º) con el antiguo 6.º 3.ª, que en realidad es propiedad de Gramina Homes.

La prueba de que todo el proceso de compra se hizo sobre la vivienda equivocada es que incluso la tasación del banco —paso previo para conceder la hipoteca— se realizó en el piso donde vive Tapias. Todo el procedimiento se articuló en torno a esa vivienda. El único elemento discordante era la referencia catastral que aparece en la escritura, vinculada al piso de 70 m². En el momento de firmar, nada le hizo sospechar el error monumental que había detrás: la referencia catastral es un código numérico que no guarda relación directa con el número de puerta.

Durante meses, Tapias y su abogado han intentado obtener una respuesta de Solvia. Han acudido a la sede de Reus y han tramitado peticiones formales a la central. No han obtenido ni una sola respuesta. Ramírez considera que se trata de una negligencia muy grave. «No es una estafa planificada, sino una enorme confusión. Hay gestoras que no saben exactamente qué pisos tienen en cartera. Tomaron posesión equivocada de un piso y lo vendieron a mi clienta», afirma.

El abogado advierte de que Solvia no da respuesta a los requerimientos para encontrar una solución. Reclama que el juez reconozca la compra de buena fe y le atribuya la titularidad del piso en el que vive o, como mínimo, que se fije una cláusula indemnizatoria que compense el daño causado. «A ella le generaron unas expectativas y vive con su hijo», subraya. Tapias pagó un precio que corresponde al piso donde vive, no al que realmente le pertoca según el catastro. Hasta que no haya sentencia, vive entre la angustia y la incertidumbre. No puede dejar de pagar la hipoteca de un piso en el que ni siquiera puede entrar. Su padre murió en diciembre de 2023 y su madre en marzo de 2024, un mes antes de recibir la orden de lanzamiento.

El inicio de las incongruencias se remonta a diciembre de 2022, cuando Tapias quiso empadronar a su padre en la vivienda. Los servicios municipales le informaron de que la referencia catastral del piso no coincidía con el domicilio en el que vivía. Tapias consiguió una rectificación notarial que pretendía corregirlo y, entonces, lo interpretó como un simple error administrativo. Mientras tanto, continuaba haciendo vida normal: pagaba tasas e impuestos y empezaba a hacer reformas sustanciales en el piso, como cambiar el suelo o el cuadro eléctrico.

A principios de 2025, sin embargo, volvieron a llamar a la puerta. Unos potenciales compradores le explicaron que estaban a punto de firmar un contrato de arras por el piso. Incluso llegaron a insinuar que Tapias era una okupa. Ella se defendió mostrando las escrituras de compra. Ese mismo año, el Ayuntamiento introdujo aún más confusión: asignó dos referencias catastrales distintas a una vivienda que tiene una sola puerta de entrada y un único contador de luz, agua y gas.

Esa duplicidad hace que, sobre el papel, el inmueble aparezca dividido en dos unidades que nunca han funcionado como tales. El resultado es que Gramina Homes puede llegar a comercializar ambos espacios por separado, aunque en realidad forman un solo piso unificado desde hace años.

Cuando el fondo de inversión se dio cuenta de que en su piso vivía alguien que no debería estar allí, acudió al Registro de la Propiedad y pidió que se protegiera la titularidad del inmueble. El Registro examinó la documentación y ratificó la propiedad de Gramina Homes, mientras el Ayuntamiento traspasaba todos los recibos de IBI y basura al piso de al lado, el que consta formalmente a nombre de Tapias.

El Diari ha intentado contactar tanto con Solvia como con Gramina Homes, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta de ninguna de las partes implicadas.