Categoría

Título

Autores

Artículo

Los resultados de las elecciones en Castilla y León, celebradas este domingo, dejan al PP en manos de Vox, como en Extremadura y Aragón. La previsión es que la negociación para configurar el gobierno de la Junta siga los pasos de esas otras dos comunidades autonómicas. En su intento de formar gobiernos en Extremadura y Aragón, la dirección del PP decidió cambiar de estrategia para apaciguar a Vox y garantizarse su apoyo. Las direcciones regionales han quedado bajo la tutela de la cúpula del partido, y las negociaciones parten de un documento marco en que el PP asume buena parte de los postulados de Vox, especialmente aquellos que forman parte de la identidad política de la ultraderecha en toda Europa. A cambio de un compromiso para aprobar los presupuestos de la legislatura, el PP adopta posiciones que cuestionan políticas climáticas, vinculan inmigración y deterioro de la convivencia, diluyen la violencia machista en una condena genérica de cualquier violencia o siembran dudas sobre quienes reciben ayudas públicas. No se trata solo de un debate ideológico: en muchos casos, las afirmaciones carecen de respaldo en los datos. El Ministerio del Interior señala que la inmigración irregular descendió en 2025 más de un 40% respecto al año anterior, lejos de los «niveles intolerables» que denuncia el documento. Este es apenas un caso entre otros. El resultado de la política de apaciguamiento de Vox, de momento, es poco halagüeño para el PP. En Aragón, la investidura de Jorge Azcón depende de un acuerdo con Vox que, un mes después de las elecciones, aún no se ha sellado. La fecha límite para evitar la repetición electoral es el 3 de mayo. En Extremadura ocurre igual con María Guardiola. El acuerdo PP-Vox no se ha cerrado. La fecha límite es el 4 de mayo. Vox, mientras tanto, no muestra intención de moderarse. Al contrario: insiste en su discurso nacionalista y endurece sus posiciones para consolidarse como referencia en ese espacio político. Qué paradoja. Con sus concesiones, el PP buscaba un socio que no condicionara su programa y obtiene lo contrario: ceder terreno político y entregar a Vox parte de su propio electorado, a riesgo de que, en ese proceso, los ultras acaben marcando el rumbo de la derecha española.