Categoría
Economía
Antetítulo
Carburantes
Título
Multas millonarias a las petroleras si no informan sobre los precios del carburante
Subtítulo
El Gobierno refuerza el control del mercado energético dentro del paquete anticrisis por la guerra en Oriente Medio
Autores
Vicente M. Izquierdo
Redactor

Imagen Principal
Una gasolinera.
Una gasolinera.
Artículo

El Gobierno endurece el control sobre el mercado de los carburantes. Las petroleras podrán ser sancionadas con multas de hasta seis millones de euros si no facilitan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la información que les requiera sobre precios, costes o volúmenes de venta. Así lo establece el decreto ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dentro del paquete de medidas aprobado para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio.

La norma considera infracción grave el incumplimiento de estos requerimientos de información, en línea con la ley de hidrocarburos. Además, habilita a la CNMC para recabar datos tanto de operadores mayoristas como de estaciones de servicio, con el objetivo de analizar el funcionamiento real del mercado y detectar posibles prácticas irregulares.

Durante los tres primeros meses desde la entrada en vigor del decreto, los operadores con capacidad de refino en España deberán remitir semanalmente información detallada sobre sus costes de adquisición y los precios de venta en las gasolineras, tanto propias como independientes. Estos datos serán trasladados a varios ministerios, entre ellos Economía, Hacienda, Transición Ecológica y Derechos Sociales.

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El refuerzo del control llega en un contexto de fuerte tensión internacional y forma parte de un plan anticrisis dotado con 5.000 millones de euros y que incluye unas 80 medidas. Entre ellas destaca la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, así como ajustes fiscales adicionales que podrían traducirse en una reducción de hasta 30 céntimos por litro.

El paquete, que entra en vigor este domingo, también contempla medidas similares para la electricidad y el gas, ayudas directas para colectivos vulnerables y sectores como el transporte o el primario, incentivos a las energías renovables y la congelación temporal de los alquileres. El Ejecutivo busca así contener el impacto económico del conflicto y evitar que las tensiones en los mercados energéticos se trasladen directamente al bolsillo de los consumidores.