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La Comisión Europea ha abierto una investigación a la plataforma Snapchat por exponer a usuarios menores de edad a intentos de captación y reclutamiento para cometer delitos. Bruselas también acusa a la red social de permitir la venta de productos ilegales como drogas y de bienes sujetos a restricciones de edad como cigarrillos electrónicos o alcohol.
Según el comunicado emitido este jueves por el Ejecutivo comunitario, las acciones de la empresa podrían estar incumpliendo los niveles de seguridad y privacidad de los menores establecidos por la Ley Europea de Servicios Digitales. En caso de confirmarse, Snapchat se enfrentaría a una multa que podría alcanzar el 6% de su facturación anual global.
La investigación se centrará en cinco áreas. En primer lugar, la Comisión evaluará el sistema de verificación de edad, que considera actualmente “insuficiente”. Aunque los términos de uso fijan la edad mínima en 13 años, los mecanismos vigentes no solo no impiden el acceso a menores de esa edad, sino que tampoco comprueban adecuadamente si los usuarios son menores de 17 años, algo necesario para garantizar una experiencia acorde a su edad.
Además, Bruselas sospecha que la herramienta para notificar la presencia de menores de 13 años no está disponible en la aplicación móvil.
En segundo lugar, la investigación analizará la protección de los menores frente a posibles casos de reclutamiento para actividades delictivas o explotación sexual. Según la Comisión, Snapchat permitiría que adultos se hagan pasar por menores, facilitando un uso indebido de la plataforma.
La tercera área se centra en la configuración predeterminada de la red social, que, según el Ejecutivo europeo, no ofrece suficientes garantías de privacidad y seguridad. Entre otros aspectos, señala que niños y adolescentes son recomendados automáticamente a otros usuarios mediante el sistema “buscar amigos” y que las notificaciones están activadas por defecto.
El cuarto ámbito de estudio aborda los mecanismos de mitigación de riesgos. Bruselas considera que las herramientas actuales no evitan la difusión de contenidos que puedan conducir a la compra de productos ilegales como drogas o de artículos restringidos por edad, como alcohol o cigarrillos electrónicos.
Por último, la Comisión cuestiona la eficacia de los sistemas para denunciar contenidos ilegales, al considerar que no son ni accesibles ni intuitivos para los usuarios.
Tras el anuncio, la Comisión Europea iniciará ahora una investigación más exhaustiva para recopilar pruebas, mediante solicitudes de información, entrevistas e inspecciones. Con la apertura de este procedimiento, Bruselas se reserva la posibilidad de imponer sanciones económicas a la plataforma o aceptar medidas correctoras que permitan revertir la situación.