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Lluís Boada tiene 23 años y sufre una enfermedad congénita rara, una laminopatía que le ocasiona distrofia muscular severa, pérdida de control cefálico (síndrome de cabeza caída), insuficiencia respiratoria y anomalías cardíacas. Pese a lo complicado de su condición, nunca ha dejado de luchar por llevar una vida lo más autónoma posible. Hace dos años fue noticia en el Diari porque reclamaba poder contar con transporte y un asistente para asistir a la Universitat Rovira i Virgili, donde estudia Psicologia. Hasta entonces, su familia se turnaba para acompañarle a clases, pero la situación era insostenible. Desde la Generalitat le asignaron, finalmente, los apoyos que necesitaba para asistir a clases.

Hace unos días, Boada recibió una carta del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat en la que le reclamaban el pago de 4.251,30 euros por «pagos indebidos» de la prestación económica de la Ley de Dependencia. El monto corresponde a que, desde hace más de dos años, le habían bajado la asignación de 387 a 228 euros al mes, aunque le seguían pagando el primer monto sin avisarle. «Parece una broma que te pasen a dar 100 euros menos y encima te hagan regresar un dinero porque se han equivocado desde la administración», explica, sobre todo porque su nivel de discapacidad no ha variado.

Lluís no tiene claras las razones de esta rebaja. De hecho, leyendo la carta que le enviaron, resulta imposible dilucidarlo. La misiva solo hace referencia a siete artículos de órdenes y decretos, para terminar por «advertirle que si no paga la deuda en el período voluntario detallado en la notificación adjunta, el expediente pasa a la Agència Tributària de Catalunya. Eso incrementa la deuda con recargos y puede comportar también intereses de demora».

Boada, con la ayuda de sus padres, dice que pagará lo que le exigen «entiendo que por ley el dinero se tiene que regresar, pero creo que es necesario manifestar nuestro descontento cuando pasan injusticias».

Detectar errores

Desde Drets Socials i Inclusió explican que el Departament está inmerso en un proceso de revisión de las prestaciones que pueden generar pagos indebidos. Aseguran que el objetivo es detectarlos lo más pronto posible, cuando se empiezan a producir, para que los importes a devolver no supongan un agravio para las familias que las han percibido.

Argumentan que también se está trabajando en la «digitalización del Departament y la mejora de la interoperabilidad de los aplicativos para facilitar y agilizar el seguimiento y las comprobaciones de las prestaciones, los cambios de situación de las personas beneficiarias, etc.».

Asimismo, manifiestan que la Generalitat está revisando las webs, los trámites y los textos, como las resoluciones y otros escritos que se envían a la ciudadanía. «El objetivo es adaptarlos siguiendo los criterios de comunicación clara para que sean más comprensibles y accesibles».

Pero Lluís explica que ha querido exponer la situación porque «el problema principal no es el dinero, sino que alguien se crea que una persona con un 78% de grado de discapacidad y con necesidad de una tercera persona pueda vivir con un mínimo de dignidad con tan solo 228 euros al mes, más 745 euros mensuales provenientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

Actualmente, su madre ejerce como cuidadora no profesional, pero a Lluís le preocupa que sus padres, que se ocupan de él, «se hacen mayores y en algún momento no podrán ayudarme. Con solo mil euros, ni yo ni nadie con necesidad de tercera persona puede vivir. Solo el sueldo de una persona asistente, sin contar un posible alquiler, la comida o la luz, ya es muy superior a lo que recibimos. Aunque ahora solo sea estudiante, he probado de buscar trabajo, pero en unas condiciones como las mías es dificilísimo. ¿Cuál es la solución? ¿Suicidarse? Yo no pienso rendirme. En los medios siento hablar de inclusión, también a los políticos y la gente de la calle. Lástima que cueste tanto de conseguir en el mundo real».