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La cesión de solares a la Generalitat y la aplicación de recargos en el IBI para las viviendas vacías son algunas de las medidas más aplicadas por los ayuntamientos del Camp de Tarragona para intentar hacer frente a la crisis de la vivienda en el ámbito municipal. La mayoría de los ayuntamientos de las principales ciudades han empezado a tomar medidas para reducir el número de viviendas vacías y fomentar el alquiler social, con propuestas diversas y de alcance desigual, que van desde la compra de viviendas mediante tanteo y retracto o ayudas para pagar alquileres. De momento, sin embargo, solo las grandes ciudades, como Tarragona y Reus, han planteado proyectos para construir viviendas públicas. Ayuntamientos de municipios turísticos y de la costa, como Salou y Vandellòs, no prevén acciones concretas.

La medida que más éxito ha tenido para fomentar el alquiler social ha sido la cesión de solares vacíos a la Generalitat para que sea el Gobierno quien realice las inversiones. Tarragona, Reus, Cambrils, El Vendrell y Valls ya han facilitado terrenos para que el ejecutivo catalán pueda desarrollar su plan para construir 50.000 nuevas viviendas hasta 2030.

Pero cuando se trata de que sean los propios ayuntamientos los que impulsen la construcción, solo Tarragona y Reus lo están haciendo. En el caso de la capital, se están levantando 192 viviendas que se prevé que estén terminadas en junio del próximo año, con una inversión de 28,8 millones de euros, que en parte procederán de subvenciones. En Reus, también están en marcha cerca de 200 pisos, entre los 60 del complejo Riera y los 132 de Mas Iglesias, que también deben finalizarse a mediados del próximo año.

Ciudades más pequeñas y con menor capacidad de inversión tienen la opción más asequible de comprar viviendas deshabitadas mediante el tanteo y retracto para repararlas y posteriormente destinarlas al alquiler social. Tarragona y Reus han explorado esta posibilidad, pero también lo han hecho en Vila-seca. El alcalde, Pere Segura, afirma que son “plenamente conscientes de que la vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad”. En el caso del tanteo y retracto participan “siempre que no haya una familia interesada” en el inmueble. “Si tiene un precio asequible, lo compramos y lo rehabilitamos para ponerlo en nuestra bolsa”, destaca.

Cambios en el IBI

En Vila-seca también han apostado por la vía de los impuestos, en forma de recargo en el IBI para los propietarios que tengan viviendas vacías. Una acción enfocada principalmente “a bancos y fondos buitre que están especulando”. Esta medida también se aplica en otras ciudades —como Tarragona, Reus o Valls— aunque de manera diferente.

Por ejemplo, en El Vendrell en 2019 aprobaron un recargo del 50% del IBI para las viviendas vacías de grandes tenedores, pero ante el escaso impacto de la herramienta, de cara a las ordenanzas de 2026 se ha incrementado la penalización hasta el 100% del recibo cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años. Incluso puede llegar al 150% si un mismo titular tiene dos o más viviendas vacías. En Torredembarra, en cambio, en 2026 se aplicará una ordenanza que prevé un recargo del 50% del IBI para las viviendas desocupadas durante dos años. Si la desocupación supera los tres años, la tasa se doblará, mientras que si una persona posee dos o más viviendas en el municipio la tasa subirá hasta el 150%.

Respecto a esta cuestión, en Valls se han encontrado con dificultades para aplicar la ordenanza. La concejala de Vivienda de la ciudad, Natàlia Moncunill, lamenta que la ley estatal prevé “muchas” excepciones que “no facilitan su aplicación”. “Hay que invertir muchos recursos tanto personales como económicos. En una vivienda vacía ahora mismo no basta solo con demostrar que no hay consumos o que no hay nadie empadronado, sino que hay que demostrar que no está en ningún portal de anuncios ni de alquiler ni de venta, y que el propietario no es una persona que se ha trasladado temporalmente”, expone. Esto hace que, en la práctica, el número de recargos que han podido aplicar sea muy limitado y se centre en los grandes tenedores, aunque mantienen la ordenanza porque existe “voluntad política”.

También en relación con el IBI, en Torredembarra han decidido seguir un camino diferente, como es aplicar bonificaciones de hasta el 95% para las viviendas que se destinen a alquiler social y se incluyan en la bolsa de mediación gestionada por la Oficina Local de Vivienda del Consejo Comarcal del Tarragonès. Esta bolsa comarcal actúa como mediadora entre propietarios e inquilinos y ofrece garantías de pago a los arrendadores y actualmente tiene 23 contratos vigentes en la comarca y 65 personas en lista de espera para conseguir una vivienda.

Bonificaciones del IBI también se aplican en Reus y en Montblanc. En este último caso, un 50% del recibo para las personas que restauren una casa y la destinen a alquiler social a través de la bolsa del consejo comarcal. “Los ayuntamientos que no tenemos un buen músculo financiero y no podemos dar ayudas a la población sí que podemos ofrecer beneficios fiscales”, explica el concejal de Vivienda de Montblanc, Oriol Pallissó. En la villa ducal tienen el problema añadido de la “degradación” del casco antiguo fruto de viviendas que llevan años cerradas y acaban convirtiéndose en “infraviviendas”.

“Lo que tenemos que hacer entre todos es encontrar mecanismos para bonificar y que esta gente pueda arreglar las viviendas”, indica Pallissó. En Montblanc están apostando por la “masovería urbana” con la mediación del ayuntamiento. Un sistema que consiste en que el inquilino se hace cargo de los gastos de arreglar la vivienda y, a cambio, puede vivir en ella durante un tiempo determinado sin pagar alquiler. Aun así, el concejal reconoce que les está “costando muchísimo que los propietarios abran la puerta de su casa” y que la demanda para conseguir una vivienda es alta.

En Valls, el camino que han tomado ha sido otro y directamente han contactado con la Sareb para que ponga a disposición de la ciudad parte de su parque inmobiliario. De todos modos, todavía no han obtenido resultados. “Hemos intentado hablar con ellos, pero es muy difícil contactar. Supongo que tampoco les interesa demasiado que vayamos detrás”, comenta Moncunill. Con todo, la concejala enfatiza que “la Sareb tiene un descontrol de todo lo que posee”, ya que a veces se han dado casos en los que “a ellos les consta que allí hay un bloque de pisos y en realidad es un solar vacío”.

Paralelamente, en la capital del Alt Camp —y también en Vila-seca— han apostado por conceder ayudas económicas para el alquiler, especialmente a la gente joven para que pueda emanciparse. Así, de rebote, también quieren movilizar viviendas vacías, ya que se facilita a los propietarios alquilar una vivienda a estos jóvenes con garantías de cobro.

Desde la Oficina Local de Vivienda de Valls gestionan 130 viviendas de alquiler asequible y los propietarios tienen ventajas como el seguro gratuito, bonificaciones del IBI o apoyo legal de los técnicos municipales en casos de impago. Anualmente, este servicio gestiona 750.000 euros en ayudas relacionadas con la vivienda, según fuentes municipales.

A pesar de las solicitudes de información realizadas, los ayuntamientos no han facilitado a la ACN datos sobre el impacto que estas medidas han tenido. Alegan que se trata de medidas recientes y que es complejo calibrar sus efectos. De hecho, la gran mayoría de estas acciones impulsadas por los consistorios han llegado en los últimos dos años, con la vivienda convertida en la principal preocupación de los catalanes, según las últimas encuestas de opinión.

Aun así, todavía hay ciudades que no han puesto manos a la obra. En el caso del Camp de Tarragona son, además, algunas de las más turísticas, donde hay un alto volumen de segundas residencias, mucha oferta de alojamientos turísticos pero prácticamente ninguna opción de alquiler continuado a largo plazo.

El ejemplo más claro es Salou. La llamada capital de la Costa Daurada no tiene en marcha ninguna de las medidas citadas hasta ahora. Desde el consistorio aseguran que “el Ayuntamiento tiene previsto poner en funcionamiento un Servicio Municipal de Vivienda, con el objetivo de reforzar la atención ciudadana en esta materia y diseñar nuevas estrategias para mejorar la oferta de alquiler en el municipio”, sin especificar ningún calendario. Asimismo, afirman que se ha iniciado la redacción de un Plan Local de Vivienda que “ofrecerá una radiografía actualizada de la situación de la vivienda en el municipio y permitirá establecer las claves para garantizar un acceso más equitativo y sostenible”.

Tampoco tienen ninguna acción concreta en funcionamiento en Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, mientras que en Cambrils únicamente han puesto a disposición de la Generalitat tres solares para que construya viviendas. Hace apenas un mes el Gobierno anunció que aceptaba uno, en la calle Anoia, para construir 52 apartamentos. Hace más de 25 años que no se construye ni una sola vivienda pública en la ciudad.