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Agentes de la Policía Nacional y de Mossos d’Esquadra han desmantelado un grupo criminal que operaba en las provincias de Tarragona y Barcelona y que se dedicaba a facilitar documentación de forma fraudulenta a ciudadanos extracomunitarios a cambio de dinero.
La operación culminó el pasado 13 de enero con la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres de entre 21 y 26 años— como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y defraudación a la Seguridad Social.
Según la investigación policial, los detenidos habrían tramitado una treintena de expedientes de extranjería fraudulentos con el objetivo de que los beneficiarios obtuvieran permisos de residencia y pudieran desplazarse por el espacio Schengen.
Tres de los arrestados pasaron a disposición judicial el 14 de enero, mientras que el cuarto permanece en libertad con cargos.
El grupo ponía en contacto a ciudadanas españolas con ciudadanos extracomunitarios para constituirse como parejas de hecho de manera ficticia, lo que permitía solicitar la residencia familiar comunitaria y regularizar así la situación administrativa de los extranjeros de forma fraudulenta.
Además, los investigadores han constatado que se daba de alta a las mujeres en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social para simular medios económicos y laborales suficientes, en algunos casos sin su consentimiento y mediante la falsificación de firmas, lo que derivó en deudas y embargos.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 30 de marzo de 2023 ante Mossos d’Esquadra. La denunciante explicó que una amiga le propuso constituirse como pareja de hecho con un hombre extranjero, presentándolo como un acto altruista. Sin embargo, tuvo que firmar documentación ante notario, empadronarse con la supuesta pareja y facilitar datos personales y bancarios, lo que le generó una deuda superior a los 1.500 euros con la Seguridad Social.
Como compensación, la mujer —que se encontraba en una situación económica vulnerable— recibió 1.000 euros. Tras finalizar el operativo conjunto, las fuerzas policiales no descartan nuevas investigaciones y posibles detenciones relacionadas con prácticas similares.