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El auge de la compra online está transformando profundamente nuestros hábitos de consumo y, con ello, la fisionomía de nuestras ciudades y del conjunto del territorio. Lo que antes era una excepción —recibir un paquete en casa— se ha convertido en una rutina cotidiana que moldea cómo nos movemos, cómo compramos y hasta qué esperamos del espacio urbano. El servicio a domicilio ha multiplicado su presencia en calles, polígonos y zonas residenciales. Esta hiperactividad logística trae consigo una cara menos visible, pero no menos importante: la creciente precariedad laboral de quienes sostienen esta maquinaria. Repartidores que soportan una alta presión temporal, jornadas fragmentadas y la responsabilidad de circular a contrarreloj por entornos urbanos cada vez más densos, enfrentándose a riesgos constantes, especialmente accidentes de tráfico. Esta realidad, que ya forma parte del paisaje diario, plantea la necesidad urgente de una regulación laboral más rigurosa. Los trabajadores deben disponer de derechos claros, condiciones dignas y un marco que limite la intensidad en horas punta para evitar la sobreexplotación. La comodidad del consumidor no puede asentarse sobre la inseguridad de quienes hacen posible que cada pedido llegue a la puerta de casa. El númeroi de accidentes y la siniestralidad en las carreteras es un ejemplo claro de la necesidad de regular el sector de forma más eficiente. Las ciudades, además, se están reconfigurando para responder a la demanda logística: más espacios de carga y descarga, microalmacenes, incremento del tráfico de furgonetas y motocicletas, e incluso cambios en el uso del espacio público. Esta transformación requiere una planificación urbana que piense en la sostenibilidad, la convivencia y la seguridad vial, sin olvidar la protección de los profesionales del reparto. La compra online es ya parte indiscutible de nuestro modelo de vida. Por eso, es el momento de encauzar su crecimiento hacia un futuro más justo, seguro y equilibrado, donde la innovación no vaya en detrimento de la dignidad laboral ni del bienestar colectivo.