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El acuerdo alcanzado entre la Iglesia católica y el Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya no pueden acudir a la justicia marca un punto de inflexión en una de las heridas más profundas y persistentes de nuestra sociedad. No es, ni mucho menos, el cierre de un capítulo, pero sí el reconocimiento —tardío y aún incompleto— de una deuda moral que durante décadas fue ignorada, minimizada o directamente silenciada. La clave de este pacto reside en asumir una realidad incómoda: la mayoría de los casos de pederastia en el ámbito eclesiástico han prescrito. La justicia ordinaria, limitada por los plazos legales, no puede ofrecer respuesta a muchas víctimas. Ante este vacío, el Estado y la Iglesia han optado por un mecanismo extraordinario de reparación que, al menos sobre el papel, pretende ofrecer reconocimiento, compensación y dignidad a quienes fueron despojados de ella. Sin embargo, el camino hasta este acuerdo no ha sido precisamente ejemplar. Las reticencias iniciales de la jerarquía eclesial, las discrepancias sobre las cuantías y la resistencia a aceptar la supervisión del Defensor del Pueblo revelan una actitud que sigue oscilando entre la asunción de responsabilidades y la defensa institucional. Que hayan sido necesarias décadas de denuncias, investigaciones periodísticas y presión social para llegar a este punto dice mucho —y nada bueno— sobre la cultura de rendición de cuentas dentro de la Iglesia. El papel del Defensor del Pueblo, encabezado por Ángel Gabilondo, introduce un elemento esencial: la garantía de imparcialidad. Que sea una institución pública la que evalúe los casos y determine las indemnizaciones supone un avance frente a los procesos internos de la Iglesia, duramente criticados por las asociaciones de víctimas por ofrecer compensaciones «ridículas y humillantes». La posibilidad de recurrir por parte de la Iglesia, aunque legítima, no debería convertirse en una vía para dilatar o debilitar las resoluciones. Ahora bien, el éxito de este modelo dependerá de su implementación. No basta con firmar un protocolo: será imprescindible que los procedimientos sean ágiles, accesibles y verdaderamente centrados en las víctimas.